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En la propuesta original la Fiscalía pide aumento salarial del 15% para 4.583 funcionarios que ganan menos de G. 10 millones, además de la creación de cargos, pago de subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones entre otros.
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La comisión de Presupuesto de Diputados dictaminó con modificaciones el proyecto de ley que reducen la cantidad de la ampliación presupuestaria de G. 116.945 millones a G. 64.707 millones y de una vigencia de la ley de 6 meses a 4 meses.
Mientras que la Fiscalía pide aumento salarial para casi el 80% del plantel de funcionarios y pide la creación de 455 cargos, la comisión de Presupuesto crea y aumenta a un total de 532 cargos. La comisión de Ejecución, Cuentas y Control Presupuestario no emitió dictamen. Los diputados en contra argumentan que no pueden premiar con más presupuesto a una fiscala a quien meses atrás buscaban enjuiciar.
Ampliarán rubros a Contraloría
La Cámara de Diputados daría vía libre hoy a una millonaria ampliación presupuestaria de G. 15.114 millones para la Contraloría General de la República a cargo de Camilo Benítez.
El proyecto de ley plantea ampliar el presupuesto en los rubros de: remuneraciones extraordinarias, remuneraciones adicionales, pasajes y viáticos, aumento en jornales para la contratación de funcionarios, servicios generales, otros gastos de personal y bonificaciones en concepto por responsabilidad por gestión de control.
La normativa en estudio fue presentada por 31 diputados colorados y liberales. Cuenta con dictamen de aprobación de la comisión de Presupuesto y de modificación de la comisión de Cuentas y Control que plantea modificaciones de forma.
La ampliación es presentada a cinco meses de iniciarse el año.
Modificarán norma de suministro
El proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas que cuenta con media sanción del Senado será modificado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa del Poder Ejecutivo que fue modificada por Senadores establece los parámetros bajo los cuales las instituciones del Estado deben realizar sus compras. Como uno de los puntos fundamentales de la norma precisa casos de conflicto de intereses de funcionarios tengan prohibición de participar en las licitaciones.
La comisión de presupuesto modificó varios artículos pero mantuvo la regulación acerca del conflicto de interés entre el sector público y privado, estableciendo claramente los casos en los que el funcionario público deberá abstenerse de tomar intervención. La DNCP determinará las medidas, procedimientos y sanciones en caso de conflicto de interés.
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Energía cooperativa en Chaco
La Cámara de Diputados trata hoy como primer punto del orden del día un polémico proyecto de ley que plantea que las cooperativas menonitas Chortitzer, Fernheim y Neuland distribuyan y comercialicen energía eléctrica de la ANDE en el Chaco.
El proyecto de ley impulsado por el diputado cartista Edwin Reimer, expresidente de la Cooperativa Neuland genera división en la Cámara de Diputados y una fuerte resistencia por parte de diputados liberales quienes reclaman que no exista un contrato de por medio que establezca un límite para la comercialización de la energía eléctrica.
En un manifiesto público, la Unión de Ingenieros de la ANDE alertan de un nuevo despojo al Estado que se podría dar con la aplicación de la norma. Esta mañana, a las 7:00, convocan a una protesta frente a la sede de la ANDE para partir hasta el Congreso.
Ley de conflicto de interés
El proyecto de ley que previene, define y sanciona el conflicto de intereses e incluye las declaraciones juradas de intereses, la “puerta giratoria” y la ampliación de la ley de nepotismo en la Función Pública figura en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados, convocada para las 8:30.
La normativa en estudio no cuenta con dictamen de ninguna de las comisiones a la que fue girada, paso previo para tratar en el pleno de Diputados.
El cartismo al igual que el oficialismo rehúyen tratar el proyecto de ley que castiga las puertas giratorias prohibiendo que cualquier exalto funcionario público, con acceso a información privilegiada, pueda ser contratado por una empresa privada de un rubro ligado a su cargo estatal. Se propone la prohibición por el plazo de hasta dos años posteriores al ejercicio de la función pública.