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En el marco del caso Mercat, la jueza penal de Garantías especializada en crimen organizado Rosarito Montanía, mediante AI N° 135, declaró la rebeldía y orden ó la captura de Ana Stael Alfonso Decoud, médica forense del Poder Judicial, Celia Romina Alfonso Vera, gineco-obstetra, y de Sixto Ramón Cabrera, agente de policía y licenciado en enfermería.
Los citados fueron imputados por los fiscales Lourdes Bobadilla y Andrés Arriola, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, expedición de certificado médico falso y cohecho pasivo agravado. Cabe recordar que la recusación a la fiscala natural del caso, Lorena Ledesma, aún está pendiente de resolverse.
Así también, mediante el AI N° 138, la magistrada declaró la rebeldía y al mismo tiempo ordenó la captura de los abogados Crispín Gilberto Rojas García y Rossana María de Luján Palazuelos Oscariz.
Los profesionales del derecho fueron imputados por el Ministerio Público por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, en calidad de uso y también por soborno agravado.
Estas personas están procesadas como supuestos colaboradores de Walter José Galindo, en el marco de la primera detención del supuesto narco ocurrida en mayo de 2021 y en el que recuperó su libertad, después de que la supuesta droga haya sido cambiada, el celular incautado reemplazado por otro y otras irregularidades más.
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Implicancia de los rebeldes según Fiscalía
Las médicas Ana Steal y Celia Alfonso habrían fraguado los informes médicos de Walter Galindo, a modo de dilatar el proceso judicial y así el mismo pueda obtener medidas alternativas a la prisión preventiva dentro del proceso abierto en su contra. Los informes fueron expuestos en audiencias desarrolladas.
En cuanto a los abogados Gilberto Rojas y Rossana Palazzuelos, según datos recogidos por el Ministerio Público, los mismos habrían pagado sumas de dineros a funcionarios del Poder Judicial para acelerar los trámites y lograr la libertad de Galindo.
De acuerdo con datos colectados, Celia Alfonso habría recibido una suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico en fecha 4 de abril del 2021, en el que habría dejado constancia sobre los supuestos problemas de salud de Walter Galindo, cuyo membrete pertenecía al Hospital Nacional de Itauguá.
Sin embargo, Galindo jamás acudió al centro asistencial y tampoco la citada profesional podía expedir dicho certificado teniendo en cuenta que la misma pertenecía a la especialidad de ginecoobstetricia.
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Policía y médica del Poder Judicial en el juego
Por su parte, se presume que el uniformado Sixto Cabrera, funcionario del Departamento Judicial de la Policía, también habría recibido una suma de dinero importante a cambio de redactar y suscribir un informe en el que se hacía constar que el 19 de mayo del 2021, Galindo presentaba problemas de salud y fue derivado al Hospital de Barrio Obrero el 23 de mayo del 2021.
Ese informe habría sido empleado por la defensa de Galindo para fundamentar la revisión de medidas cautelares ante el juzgado encargado de su caso.
En cuanto a Ana Stael, en su carácter de médico forense del Poder Judicial, también se presume que habría recibido dinero para elaborar dos informes; uno el 27 de mayo de 2021, en el que constaba que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar a Galindo.
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En su informe señaló que la reclusión no era apta para el paciente, por su comorbilidad. Ese documento fue presentado ante el juzgado penal de garantías N° 2 de Lambaré, a través del cual Galindo obtuvo medidas sustitutivas en el marco de la causa 1062/21.
Luego, habría elaborado otro informe exponiendo las supuestas afecciones de Galindo, el 24 de junio del 2021, constituyéndose en su domicilio para examinarlo.
Del pago a las médicas y al agente de policía se habrían encargado los profesionales abogados, por la elaboración de los certificados médicos de las fechas citadas y utilizados en las audiencias de revisión de medidas.