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A las 08:50, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República recibió de la Cámara de Senadores el proyecto de ley sancionado que despenaliza los ocultamientos de bienes en las declaraciones juradas. Con la recepción del documento, el presidente Mario Abdo Benítez tiene seis días hábiles, contadas desde ayer, para vetar o promulgar la normativa, según establece el Art. 205 de la Constitución Nacional. La tendencia es el veto total.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista) firmó el lunes último la ley sancionada y comunicó al Senado, que hizo lo propio al Poder Ejecutivo. La Cámara Baja ratificó su versión el pasado 20 de abril y el Senado aceptó las modificaciones el 12 de mayo último, quedando sancionada la normativa, con la despenalización de las DD.JJ. falsas, decisión que favorece el lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
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El proyecto de ley sancionado en el Congreso permite a ex y actuales funcionarios públicos ocultar bienes en sus DD.JJ. y luego rectificarlas cuando son descubiertos las veces que quieran, sin que reciban ninguna sanción penal ni pecuniaria. El texto de Diputados dice en su segundo párrafo: “El funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes. La rectificación deberá estar acompañada de la documentación respaldatoria”.
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Veto total en el 2020
Mediante el decreto Nº 3708, el presidente Abdo Benítez objetó totalmente el 15 de junio del 2020, el proyecto de ley mediante el cual los parlamentarios buscaban despenalizar las declaraciones juradas con contenido falso de las autoridades, para convertir el hecho solamente en faltas administrativas.
En el mencionado decreto, Abdo argumentó “que la citada obligación constitucional no solo resulta compatible, sino que es consustancial con los postulados de publicidad, responsabilidad y transparencia de todo sistema republicano”.
El jefe de Estado cuestionó también que se pretenda minimizar la sanción a las autoridades, al configurar la existencia de datos falsos como una falta administrativa nada más.