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Después ser notificada sobre el AI N° 277, a través del cual un Tribunal de Apelación de Central revocó la prisión preventiva, la jueza penal de garantías Isabel Bracho, emanó el Auto Interlocutorio N° 792 que dispuso que la directora Carolina María Urbieta de Villate, la coordinadora de primer ciclo María Gabriela Santiviago Rivarola y la docente Olga María Feltes Ochoa pasen a cumplir arresto domiciliario, esto como derivación de un caso de abuso sexual ocurrido en la institución de Lambaré.
Ayer la jueza Bracho remitió el oficio N° 1.865 a la Dirección del Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos” de Coronel Oviedo, de cumplimiento inmediato. Así, las educadoras abandonaron en horas de la mañana el recinto penal y luego fueron trasladadas, , bajo custodia, a sus respectivos domicilios desde donde hoy a las 10:00 deberán acudir a una audiencia en la que se registrará la imputación contra las mismas y sus datos particulares, según lo previsto en el Art. 246 del Código Procesal Penal, a modo de otorgar legalidad al proceso.
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Urbieta está procesada por violación del deber de cuidado, frustración de la persecución penal y violación a la Ley N° 6.202; Santiviago y Feltes están indagadas por violación del deber de cuidado y de la Ley N° 6.202.
Prohibiciones
La jueza Isabel Bracho estableció que Carolina Urbieta, María Santiviago y Olga Feltes estarán bajo control aleatorio de la comisaría jurisdiccional, con esto se entiende que las mismas “no podrán ausentarse de sus domicilios, ni acercarse ni molestar por cualquier medio a los menores y/o denunciantes ni al colegio”, según se señala en el AI N° 792.
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Además, tampoco podrán cambiar de domicilio ni de número de teléfono sin previa autorización del juzgado, así como también tienen prohibido salir del país.
Piden identificar a agresores
El colegio privado de Lambaré pidió, nota mediante, al Juzgado de la Niñez para que a su vez pida a la Fiscalía identificar a los supuestos autores de los abusos a los niños de 6 y 10 años.
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El argumento es que retornarán a clases presenciales en todos los niveles de la institución y en ese contexto, desconocen las identidades de los supuestos agresores, que son inimputables, pues tienen 12 años.