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El juez de Garantías Rolando Duarte hizo lugar a la acusación de la fiscala María Irene Álvarez, interina de su colega Irma Llano, y elevó a juicio oral y público la causa que afronta el abogado Víctor Eduardo Denis Mario por supuesto acceso indebido de datos, alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, alteración de datos relevantes para la prueba, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la acusación del Ministerio Público, Denis dio ingreso a cuatro expedientes de demandas judiciales de materia civil y comercial, vía sistema de mesa de entrada online de la Corte Suprema de Justicia, utilizando su usuario y contraseña, asignados por dicha institución, los cuales se adscriben al sistema judicial Judisoft, para uso interno de los Juzgados.
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El letrado realizó ciertas maniobras no autorizadas para el registro de los expedientes de las causas, a los efectos de pasar por alto la aleatoriedad de los sorteos que ejecuta el sistema informático del portal de gestión jurisdiccional en materia civil y elegir los juzgados civiles donde él habría querido que sus nuevas demandas ingresen, siempre de acuerdo al relato fiscal.
Sobreseimiento de funcionarios judiciales, en manos de la FGE
En el caso de los tres funcionarios de los juzgados civiles Ronald Domínguez Sotelo (26), Vhalery Michell Vallory Duarte (39) y Ever Alberto Villalba (29), la imputación presentada por la fiscala Irma Llano refiere que habrían trabajado en coordinación con Denis alterando datos de las demandas iniciadas, cambiando las correspondientes carátulas en el sistema, modificando la información de los documentos de demanda.
Sin embargo, en el requerimiento conclusivo la agente del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de los funcionarios judiciales, alegando que, si bien conforme a la acusación presentada contra el abogado Víctor Denis se han hecho uso de los usuarios y códigos de estos funcionarios “se ha podido comprobar también que en el momento que fueron utilizados sus usuarios estas personas no se encontraban prestando servicios en dichas dependencias ni con acceso a soporte electrónico que le permitieran suponer al Ministerio Público alguna calidad de partícipe dentro de los hechos investigados”.
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Atendiendo la postura ratificada por la fiscala interina María Irene Álvarez en la audiencia preliminar, el juez de Garantías Rolando Duarte resolvió imprimir trámite de oposición y remitir el expediente judicial a la Fiscal General del Estado, a los efectos de que acuse o ratifique la posición de la fiscala interviniente, en un plazo máximo de 10 días hábiles.