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El proyecto de ley establece condiciones más exigentes para el ingreso al cuadro permanente, tanto de oficiales como de suboficiales, que tienen que ver con la evaluación psicológica, psicofísica, la prueba de eficiencia física, el no tener ni haber tenido antecedentes penales ni disciplinarios, además de superar la prueba de polígrafo o de confiabilidad.
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Asimismo, se propone la evaluación del desempeño de todo el personal policial, salvo los comisarios generales, con el objetivo de determinar la trayectoria de cada policía al momento de decidir un ascenso. Establece que las evaluaciones serán anuales y en cualquier momento previo a un traslado o comisión permanente del servicio.
También se establece que la evaluación de la gestión deberá ser verificada por los Tribunales de Calificaciones de Servicio. Se establece una instancia de control ad referéndum a cargo del ministro del Interior de las decisiones que tomen dichos tribunales y el segundo para trasladar al ministro la competencia de reglamentar el funcionamiento de los mismos.
Se da poder al ministro del Interior en varias situaciones que actualmente son exclusivas para el comandante de la Policía. Por ejemplo para los ascensos.