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PEDRO JUAN CABALLERO (Gilberto Ruiz Díaz, corresponsal; Aldo Rojas, enviado especial). El fiscal de esta ciudad, José Luis Torres Peña, anunció ayer en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público que hay otros cuatro nuevos identificados en la causa, aunque se excusó de dar detalles sobre ellos.
Lo acompañó el director de Investigación de Hechos Punibles, comisario general inspector César Roberto Silguero Lobos, quien dirige el equipo que indaga el ataque y que está integrado por los departamentos de Investigaciones, Crimen Organizado y Homicidios.
El fiscal Torres, de hecho, dijo que las capturas fueron ordenadas con base en los nuevos datos obtenidos por los policías.
Los nuevos identificados serían los autores materiales del ataque que ocurrió el martes a las 16:31 sobre la calle Alejo García, en medio de los edificios de la Municipalidad y el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.
El auto usado por los pistoleros fue quemado a 12 kilómetros de distancia, en la colonia Portera Ortiz.
El pronunciamiento de las autoridades, Torres y Silguero, se dio inmediatamente después de que hablaran con la abogada Liz Mercedes López Peña (35), cuya casa familiar fue allanada a tempranas horas en el barrio María Victoria de esta ciudad.
La citada abogada, supuestamente, fue la última poseedora de una de las pistolas que se usó para disparar contra Acevedo.
Se trata de una Glock 17 calibre 9 milímetros, generación 4, con número de serie ACBY 663.
Dicha arma pertenecía originalmente a Fernando Javier Lezcano Giménez (36), alias Gordo, quien fue asesinado el 16 de diciembre de 2017 en este mismo municipio.
Versiones distintas
La viuda de Lezcano, Mirta Raquel López (40), quien ya está imputada por detentación, dijo a los policías que cuando le devolvieron el arma de su esposo, el 23 de marzo de 2021, ella le entregó la pistola a la abogada Liz López como parte de pago por las gestiones que le hizo.
Sin embargo, la abogada negó ayer haber recibido la pistola ahora buscada. No obstante, al igua que Mirta López fue imputada por detentación de armas, una figura prevista en la ley de Armasm con un marco penal de 5 a 10 años de cárcel.
La misma arma, antes del atentado contra Acevedo, fue disparada el 3 de julio de 2021 en Iturbe, departamento de Guairá, cuando estaba en poder de los cuatro guardaespaldas de la mamá y la hermana del conocido convicto Papo Morales.
De hecho, en redes sociales se había viralizado aquel tiroteo que se produjo por un conflicto de tierras entre la familia Morales Macchi y los pobladores de dicha región.
No hay cambios en su condición de salud
El doctor David Peña, director del hospital privado Viva Vida, donde está internado Acevedo, comentó ayer que no hubo cambios en la condición de salud del intendente, quien fue ingresado a ese centro asistencial en estado crítico el martes último luego de sufrir un ataque de sicarios.
El intendente Acevedo sigue en coma inducido y “con los mismos parámetros de ayer”, señaló el doctor Peña, quien había dicho que se estudiaba la posibilidad de reducir o suspender la sedación del jefe comunal.
Sin embargo, se mostró reacio a hacer predicciones específicas sobre cuál podría ser la evolución del estado de salud de Acevedo.
Médicamente, se sabe que José Carlos Acevedo puede empeorar en cualquier momento, así como puede evolucionar favorablemente.
De hecho, cada minuto que pasa es una victoria, había declarado otro doctor que lo atiende.
El político liberal acusó siete balazos en el ataque de los pistoleros.