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Imágenes de un tractor intentando echar un tanque de agua construida por la Municipalidad en la colonia Santa Teresa (Km32) de este distrito, desató la indignación generalizada en las redes sociales.
El hecho se registró esta mañana tras el desalojo que se realizó en dicho lugar, en el marco de una demanda judicial por presunta invasión de tierra. “Recibimos la promesa de que los bienes del Estado, de la ANDE y la Municipalidad serán respetados”, señaló el concejal David Pereira, quien esta mañana reiteró el pedido de que no se destruya los bienes públicos.
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Sin embargo, ningún pedido fue escuchado en ese sentido y la destrucción de las viviendas e instalaciones de todo tipo sigue siendo realizado, incluyendo la destrucción de millonarias inversiones realizada por la Municipalidad y el gobierno central.
El escenario de estos hechos es una propiedad de 132 hectáreas ubicada a unos 30 kilómetros del centro de Salto del Guairá, en la línea divisoria con el distrito de La Paloma. Aparece como propietario Ramon González Carreras, quien en el año 2015 autorizó por escrito el ingreso de personas a su propiedad, con la finalidad de forzar una negociación con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
La institución tomó la oferta y empezó a negociar la compra del inmueble para asentar oficialmente a sus ocupantes, unas 80 familias en su mayoría vecinos de Salto del Guairá. Sin embargo, en medio de las negociaciones habrían incursionado empresarios que tienen tierras en las inmediaciones y mejoró la oferta por la propiedad en proceso de compraventa, provocando que el oferente de inmediato retirara la oferta que había hecho al Indert.
Acto seguido, el dueño presentó una acción judicial por ocupación ilegal de sus tierras y el cuestionado juez Ramón Trinidad Zelaya ordenó la expulsión de los ocupantes, situación que se efectivizó ayer con la presencia de unos 500 policías en el lugar.
La Junta Municipal convocó a una sesión extraordinaria que se desarrolla a estas horas donde por resolución decidieron urgir al intendente Héctor Moran la inmediata presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por destrucción del patrimonio público y la detención y encarcelamiento de los responsables. El Ministerio Público aguarda la denuncia, según adelantó el fiscal delegado de Salto del Guairá, Meiji Udagawa.