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El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Ocampos, resolvió rechazar los recursos planteados por las defensas de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros, y los demás imputados por supuesta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Los apelantes argumentaron que el juez de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás admitió la imputación presentada por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel sin que los procesados tuvieran conocimiento previo de la misma y mucho menos acceso a la carpeta fiscal, por lo que afirman que se violó el derecho a la defensa.
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No obstante, el tribunal de alzada concluyó que al tener por recibida el acta de imputación presentada por el Ministerio Público, el magistrado “no ha violado derechos ni garantías de los procesados, pues justamente, se ha comunicado a los mismos los hechos objetos de investigación, a fin de que ellos, a través de sus defensas técnicas, puedan solicitar diligencias y plantear una teoría del caso que crean conveniente a su parte”.
Con esta resolución de la Cámara de Apelaciones, una vez que el expediente baje a su despacho, el juez de Garantías José Delmás podrá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares a los 15 procesados, entre ellas la intendenta de Valenzuela Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA).
Fiscalía imputó a 15 personas por presunta “tragada”
La imputación presentada por los agentes de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción es con relación a la administración de Fernández Yegros en el periodo comprendido entre 2015 y 2020, pues la misma fue reelecta para el periodo 2021-2025.
Los demás encausados son Cristhian David Flecha Fernández, quien desde el 2019 se desempeñó como tesorero del municipio, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa; así como las integrantes de la Secretaría General Dora Villagra Patiño, Verónica Acosta y Silvia Espínola, todas ellas por producción de documentos no auténticos.
Así también, la arquitecta Vera María Luz Balbuena Villalba fue imputada por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
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Por otra parte, los fiscales también abrieron investigación contra Elvis Ramón Balbuena López; María Liz Fleitas, representante legal de “MLF Constructora y Proyectos”; Blasidio Albino Candia, representante legal de “BC Constructora”, y Simón Candia, representante legal de “Marias Group SA”, todos ellos por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Los demás indagados por lesión de confianza fueron identificados como Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flecha Fernández, Adolfo Mendoza Álvarez, y Maglio César Nelson Muñoz Díaz.
Millonarios contratos para “obras fantasmas”
Según los datos colectados en la investigación, en el año 2019 la entonces intendenta municipal de Valenzuela Mirtha Fernández suscribió contratos para la “construcción de empedrado con cuneta, cordón, en la compañía Colonia Piraretã”, con la firma BC Constructora, por valor de G. 140.000.000.
Además, firmó otro contrato para la “canalización, entubado y empedrado en compañía Curupayty”, con la empresa “MLF Productos y Construcciones”, por monto de G. 80.000.000; y también para la “colocación de parques infantiles en plazas barriales e instituciones educativas”, con “BC Constructora” por valor de G. 120.000.000.
En los citados tres contratos para obras, el dinero era proveniente de los royalties.
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Fernández también firmó dos contratos más para obras de “empedrado en área de influencia de la escuela básica José Dolores Vázquez de la compañía Santa Librada”, con la empresa “BC Constructora” por un monto de G. 94.970.00 y otro para la “restauración de aulas de la escuela Héroes del Chaco”, con la firma “Marías Group SA”, por G. 168.000.000. Ambos con dinero de Fonacide.
Los agentes del Ministerio Público se constituyeron en la colonia Piraretã, Curupayty, y zona de la escuela José Dolores Vázquez, donde no observaron indicios de construcción alguna como señalaban en los contratos, así como tampoco la reparación de aulas de la escuela Héroes del Chaco, que no registra mantenimiento desde el 2017.