Cargando...
La jueza de Garantías María Elena Cañete, del Juzgado de San Lorenzo, confirmó ayer miércoles, por tercera vez, el arresto domiciliario del exgobernador de Central Hugo Javier González, en el proceso que afronta por el caso “facturas clonadas”.
La defensa del exanimador de fiestas más conocido como el “Nº 2″, ejercida por los abogados Fausto Portillo, Arturo Daniel y Andrés Casati, volvió a solicitar medidas menos gravosas para su defendido, que fue destituido del cargo por la Junta Departamental hace una semana. González Alegre está con arresto domiciliario desde el 12 de abril pasado en la causa investigada por el Ministerio Público sobre la presunta mala ejecución de US$1 millón (G. 6.382 millones) en cuya rendición de cuentas aparecen varias facturas clonadas entre otras innumerables irregularidades confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Lea más: Tribunal rechazó apelación del titular de la ONG CIAP y seguirá con arresto domiciliario
También el 4 de mayo de este año, los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez Faria, miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, confirmaron el Auto Interlocutorio N° 932 del 22 de abril de 2022, por el cual la jueza de Garantías María Elena Cañete confirmó por segunda vez el arresto domiciliario de Hugo Javier, imputado junto con otras 14 personas por presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, respecto al uso del fondo sanitario covid-19 de un millón de dólares.
La magistrada Cañete sostiene que tiene en cuenta “la gravedad del hecho que investiga el Ministerio Público y el grado de participación del imputado”, más aún teniendo en cuenta que los supuestos hechos fueron cometidos durante la pandemia.
Lea más: Destituyen de manera definitiva a Hugo Javier de la Gobernación de Central
Otro imputado también con arresto
El Tribunal de Apelaciones también rechazó el recurso de apelación general interpuesto por la defensa de Tadeo Álvarez, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que recibió y ejecutó G. 5.105 millones transferidos por la Gobernación de Central del fondo covid-19. El procesado tiene arresto domiciliario y solicitó la semana pasada medidas menos gravosas, pero no tuvo éxito.
Mediante resolución de fecha 9 de mayo, el Tribunal de Apelaciones, especializado en Delitos Económicos, integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, rechazaron el recurso de apelación solicitado por el abogado José Dos Santos, defensor de Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la fundación CIAP, imputado en noviembre de 2021, por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Cabe destacar que según el estatuto social de la ONG CIAP, de Álvarez Cristaldo, la fundación no está capacitada y habilitada para la ejecución de obras de construcción y de mejoras en espacios públicos de ningún tipo. Este hecho fue considerado grave por los entes de control intervinientes, debido a que Álvarez, realizó varias obras de construcción que ahora se encuentran en deplorable estado.