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El senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, en el capítulo de peticiones y formulaciones, solicitó a la plenaria el aplazamiento del tema por el plazo de 30 días, cuyo estudio, en principio, figuraba en el punto 10 del orden del día de la sesión que lleva a cabo en la fecha.
El legislador argumentó que la solicitud obedece a que la Comisión de Hacienda y Presupuesto en su última sesión no pudo emitir dictamen, atendiendo que se requiere una mayor información sobre el tema debido a que en la Caja Fiscal existen sectores con superávit y otros con déficit.
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La propuesta fue aprobada por mayoría y en este lapso, según se había anunciado en los días previos a esta sesión, la Comisión de Hacienda del Senado, el Ministerio de Hacienda y los gremios de jubilados estarían trabajando con el fin de llegar a un sobre un proyecto viable.
El Ministerio de Hacienda se opone a este proyecto de ley, que había sido presentado el año pasado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista) y que cuenta con el apoyo de los gremios de jubilados beneficiarios de la Caja Fiscal.
Agotará reservas
El titular de Hacienda Óscar Llamosas había alertado que el proyecto de ley de actualización no solo pone en riesgo el pago de haberes a los jubilados, sino también la futura jubilación de los funcionarios que actualmente están aportando.
Sostuvo que, en base a la estimación que realizaron , teniendo en cuenta el salario promedio de los funcionarios activos Vs. la jubilación promedio de estos sectores, la actualización como lo plantea el proyecto de ley tendrá un costo aproximado de US$ 200 millones y esto hará que las reservas de la Caja Fiscal se agoten en cuatro años.
Una vez que se agoten las reservas, decía Llamosas, deberá decidirse cómo financiar la jubilación: o se financian con más impuestos o finalmente se aplica lo que la propia ley dice, que es prorratear la jubilación en base a los ingresos.
Los gremios de jubilados, por su parte, aseguran que existen los recursos necesarios para financiar la actualización sin que se ponga en riesgo la sostenibilidad de la caja y, en ese sentido, sostienen que el sector de funcionarios tiene superávit y dispone de unas reservas que rondan los US$ 801 millones.
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Explicaron que para la actualización, sin embargo, no se utilizarán estas reservas sino los intereses que generarán las inversiones en bonos previsto para este año, de US$ 21,8 millones, de los cuales se destinarán solo el 40% como máximo.
La actualización que reclaman los jubilados, según señalaron las autoridades de Hacienda, equivale a la equiparación de los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos.