Cargando...
El Convenio aprobado será girado ahora a la Cámara de Diputados que tendrá un plazo máximo de 90 días para pronunciarse por la aprobación o el rechazo. Al tratarse de un “Protocolo Internacional” firmado por nuestro país, no es posible hacerle modificaciones.
A favor de la aprobación, la senadora Desirée Masi (PDP) destacó, durante el debate, que no hay dudas de que el contrabando de cigarrillos está ligado al crimen organizado y al lavado de dinero, ya que las rutas que sigue este tráfico ilegal son las mismas que las del narcotráfico, armatráfico y otros delitos conexos.
Masi señaló que el convenio recomienda lineamientos generales que cada país suscriptor deberá “aterrizar” luego en su legislación nacional.
Lea más: El porqué no se trataba el protocolo anticontrabando de tabaco
Destacó que una de las directivas es que las cajas y paquetes de cigarrillos tengan todos los datos de fabricación, origen y destino así como los detalles de las personas o empresas compradoras, que permitan identificar cualquier desvío de la ruta legal a la ilegal.
Apuntó que muchas veces en nuestro país se han realizado grandes incautaciones de productos de tabaco falsificados y no se puede identificar al dueño de la carga.
El senador Jorge Querey (Frente Guasu) resaltó la importancia de que nuestro país adopte en sus leyes estas directivas, porque facilitará la cooperación internacional en la lucha contra este flagelo.
Indicó también que permitirá hacer el seguimiento de las rutas de los productos de contrabando y se podrá incautar los beneficios que da este negocio ilícito a quienes los llevan adelante.
El senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) remarcó que este comercio ilícito se da por las diferencia fiscales en los tributos. Agregó que el contrabando de tabaco abre las puertas al contrabando de otros productos y es la misma ruta que usan las organizaciones criminales para el lavado de dinero.
Lea más: Senado intentará nuevamente tratar este jueves el protocolo anticontrabando de tabaco
Recordó que hay quienes terminan muertos por luchar contra estos crímenes, en obvia referencia al fiscal Marcelo Pecci.
Solamente dos senadores, el liberal Abel González y el colorado cartista Sergio Godoy expresaron sus reparos a la iniciativa.
González señaló que se debieron haber analizado con más cuidado las consecuencias económicas que tendrá la implementación de estas directivas y el impacto en el área impositiva, ya que las tabacalera aportan mucho dinero al fisco, que posiblemente dejarán de hacer, al establecerse mayores controles.
Consideró que Brasil debería preocuparse por ese control y no nosotros. Insistió en que afectará negativamente a la industria tabacalera y las personas que dependen de ella, como los agricultores que quedarían si trabajo.
Lea más: Contrabando de cigarrillos financia el crimen organizado dicen desde Brasil
El senador liberal apuntó al hecho también de que países como Estados Unidos, Canadá y Chile, si bien firmaron el convenio, nunca aprobaron leyes para aplicar las recomendaciones a sus respectivos países.
Por su parte, Godoy lamentó que no se pueda hacer ningún cambio al documento y que por eso no era posible prever ninguna “injusticia” que se cometa contra nuestra propia industria nacional.
Destacó que estas normativas no serán de aplicación inmediata, ya que deberán plasmarse en leyes concretas. Señaló además el hecho de que este convenio apunta sobre todo al tema de la salud y pretende ser un instrumento en la lucha contra la epidemia del tabaquismo que, según fundamenta el protocolo, se potencia con el comercio ilícito de tabaco.