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El diputado Galeano, investigado en el marco del operativo “A Ultranza PY” terminó complicándose más ayer al intentar justificar las millonarias transacciones que lo involucran junto al expresidente Cartes.
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Puntualmente, al ser consultado sobre los negocios que tiene con HC y la trasferencia de US$ 1.500.000 que recibió en 2018 alegó: “Ningún negocio (tengo), eso es un préstamo personal que me habían hecho cuando tuve problemas con la salud de mi señora en 2018″.
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Sin embargo, un informe de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) en poder de la Fiscalía lo refuta, ya que dicho pago del 2018, figura bajo el concepto de “servicios recibidos en Paraguay” a nombre de la tabacalera Mercury SA, en la cual Erico Galeano figura como accionista.
Otro hecho llamativo con este pago es que, al ser consultado si es que trabajó en el rubro tabacalero con HC dijo: “Con él no (trabajé). Yo trabajé en una tabacalera en su momento. Socio gerente pero hoy día totalmente desvinculado”.
Esto abre otra duda. ¿Por qué si efectivamente nunca trabajó con Cartes habría de recibir un pago suyo por “servicios recibidos”?
El legislador también reconoció el depósito de US$ 2.250.000 que en 2021 le giró a Cartes, diciendo que esas fueron las únicas dos operaciones entre ambos. “Solamente un préstamo y un pago fue respecto a Horacio Cartes”, dijo.
Afirmó que supuestamente ya no posee prácticamente ninguna de sus 8 empresas declaradas en el 2018, y que tras “la pandemia me quedé con la red de estaciones de servicio (Alpina SA)”.
Diputado que no es público
Se le consultó a cuánto asciende su patrimonio, lo que lo molestó, diciendo que eso es “confidencial” y acusó a Seprelad de repartir “como si fuera mercadería de la calle” los datos de sus bienes.
Se le recordó que al ser funcionario público está obligado a publicar su patrimonio. “Cómo que funcionario público. ¿Ustedes creen que es público lo que están publicando? Son cuestiones de negocios míos lo que están publicando, no es cuestión de la Cámara”, afirmó.
Amenazó con demandar a periodistas por publicar los informes oficiales.