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La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por los concejales Ricardo Duarte Filho, Erasmo Rodríguez Acosta, Iván Acuña y Nicolás Feltes. Los ediles señalan a Adorno como supuesto autor de los hechos punibles de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y malversación de fondos.
La denuncia de los concejales se basa en el Informe Final de la Contraloría General de la República (CGR) a la ejecución del fondo de emergencia entregado por el Gobierno central a la administración de Adorno.
El ente contralor emitió el informe final luego de recibir los descargos de la institución y se mantuvo en todas las observaciones que había realizado ya a finales del año pasado.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios a las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
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En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por monseñor Gabriel Escobar –considerado amigo de Adorno–, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos.
Por ejemplo, en una factura presentada en 2020 se señala que la finalidad son “actividades de organizaciones religiosas”. En otro documento presentado en 2021, sin embargo, el margen se había ampliado y se podía leer: “Actividades de organizaciones religiosas. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. Enseñanza preescolar, primaria. Servicios de Apoyo a la enseñanza”.
En ninguna parte de sus objetivos se menciona la realización o ejecución de obras. Además, en el acta de constitución remitida como parte de la rendición de cuentas solo se habla del territorio abarcado por el Vicariato, pero no declara sus objetivos.
Ninguno de los desembolsos al Vicariato tuvo como objetivo obras relacionadas al sistema de salud. Todo el dinero fue a reparar o construir iglesias, levantar un mirador o un tinglado. En medio de una crisis.
El informe de la CGR revela que la administración de Adorno pagó dos veces por una obra que ni siquiera se terminó en plazo y tiempo, según el documento.
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Se trata de la construcción del tinglado multiuso ubicado en la localidad de Puerto Sastre. Según el informe, la Gobernación realizó dos transferencias de más de G. 392 millones. El primer pago fue realizado el 29 de diciembre de 2020, mientras que el segundo se produjo el 21 de abril de 2021.
En total, la institución pagó más de G. 784 millones por el tinglado. Sin embargo, la obra estaba avalada por un solo contrato de G. 392 millones. Es decir, se pagó el doble de lo firmado en el contrato.
Los fondos fueron transferidos al Vicariato Apostólico del Chaco, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, considerado cercano al gobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno. De hecho, en varias oportunidades defendieron juntos a grupos que realizaban invasiones en propiedades privadas dentro del departamento.
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“El informe describe claramente que las actuaciones del denunciado autorizan esta denuncia, así como una inmediata investigación fiscal penal ante las irregularidades detectadas y confirmadas respecto de su administración, en perjuicio de las arcas de la institución que actualmente preside, y con daño irreparable en su calidad de vida a los a pobladores de Alto Paraguay, con el agravante de que los fondos fueron denominados como de “emergencia”, por su extrema importancia, necesidad y urgencia”, señala el escrito presentado por los concejales.