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La referida comisión, presidida por el senador Juan Dario Monges (ANR), se reunió este martes para debatir el proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil” y emitir su dictamen, atendiendo que está en el punto 10 del orden del día de la sesión del próximo jueves 19.
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La reunión contó con la participación del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien volvió a alertar a los legisladores sobre las consecuencia negativas que tendría en las finanzas de la Caja Fiscal y en el Tesoro Público, la aprobación del citado proyecto.
El titular de la cartera fiscal reiteró que las proyecciones realizadas dan cuenta que este año la Caja Fiscal cerrará con un déficit de US$ 224 millones, de los cuales US$ 153 millones corresponden a las fuerzas públicas y US$ 71 millones al sector civil de docentes.
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A su criterio de aprobarse la actualización de haberes se acelerará el deterioro de las finanzas y se estima que en cuatro años se agotarán las reservas que dispone la Caja Fiscal, poniendo en riesgo no solo el pago puntual de los haberes a los jubilados sino también la expectativa de jubilación de los funcionarios que hoy están aportando.
Llamosas abogó por trabajar en un proyecto de ley de reforma, que permita actualizar los haberes de acuerdo a lo que dispone la Constitución Nacional y que sea sostenible en el tiempo.
Jubilados defienden superávit
También participaron de la reunión de la comisión las representantes de los gremios de jubilados: Eugenia Pedrozo, exfuncionaria de Hacienda; y Casilda de Schneider, exviceministra de Administración Financiera de Hacienda, quienes aseguraron que existen los recursos necesarios para financiar la actualización sin que se ponga en riesgo su sostenibilidad.
Explicaron que la caja de los funcionarios tiene superávit y dispone de unas reservas que ronda los US$ 801 millones, pero que para la actualización no se utilizarán estas reservas sino los intereses que generarán las inversiones en bonos que para este año se prevé US$ 21,8 millones, de los cuales se destinarán solo el 40% como máximo.
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Insistieron en que no corresponde que el superávit que tiene la caja de los funcionarios públicos sea utilizado para financiar el déficit del sector docentes, como lo está haciendo actualmente Hacienda.
Los miembros de la Comisión de Hacienda luego de escuchar los argumentos del ministro y de las representantes de los gremios de jubilados, decidió postergar el estudio por 30 días.
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La decisión también obedece a que el proyectista, senador Martín Arévalo (ANR-cartista) propuso algunas modificaciones al plan que había presentado inicialmente, con el objetivo de que en ese lapso se trabaje con las autoridades de Hacienda y los gremios de jubilados para buscar un proyecto en común.
El estudio del proyecto de ley está en el punto 10 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores prevista para el próximo jueves y desde la Comisión de Hacienda mocionarán la postergación, lo que es casi un hecho que será aprobado.