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Al ser una obra que se financia bajo Ley Nº 5074 “llave en mano”, el consorcio adjudicado consiguió en agosto del año pasado la financiación de US$ 130 millones que requerirá la construcción de la Costanera Sur de Asunción, luego de cinco adendas al contrato que le permitió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), principalmente aprobando prórrogas y modificando reglas de la licitación inicial.
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El contrato de la obra se firmó en octubre de 2019 y a partir de esa fecha el Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya Ingeniería de Topografía y Caminos SA (TyC), representado por Francisco Griñó, tenía un plazo de 210 días para conseguir la financiación del proyecto; es decir, hasta mayo del 2020.
Empero, a solo un mes de la firma del contrato (noviembre del 2019), el MOPC dejó sin efecto ese plazo mediante una adenda y el tiempo del cierre financiero (plazo para conseguir los recursos para la obra) recién comenzó a correr desde julio del 2020. Tras este cambio, la firma debía conseguir el préstamo para financiar la vía en febrero del año pasado, pero tampoco ocurrió eso, porque de nuevo modificaron este plazo.
Además de las prórrogas, el cambio más llamativo que el que MOPC concedió al consorcio fue el de darle primero la orden de inicio de los trabajos para que gestione el empréstito necesario para solventar la construcción de la infraestructura vial, según la adenda número 5.
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Con esa decisión modificaron las reglas de la licitación y aumentaron las sospechas de que el grupo habría sido privilegiado para conseguir la financiación.
Luego de la “ayuda” que recibió el adjudicatario, con la recepción de la orden de inicio de los trabajos por parte del MOPC, finalmente consiguió los recursos para la obra en agosto del año pasado, a una tasa de 5.571%, por lo que la obra terminará costando US$ 171 millones, es decir; US$ 22,5 millones por km (ver costo de cada hito o tramo más los intereses en la infografía).
Banco que ofertó no quiso financiar
Según la oferta del Consorcio del Sur, Bank of America debía financiar la obra, pero que esta intermediaria desistió ante la falta de liberación del tramo de la futura avenida, que está lleno de ocupantes precarios.
Tras la negativa de la entidad buscó otras fuentes y, finalmente, el banco Itaú actuó como un estructurador del financiamiento, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, fase en la que se incorporaron la institución alemana KfW y la multinacional norteamericana Med Life, además de entidades locales, según Hacienda.
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Ante esta falta de planificación de la obra que se lleva a cabo en una zona inundable, inclusive estarían requiriendo más recursos para “imprevistos”, según trascendió. Se teme que ese motivo convierta el proyecto en otro “barril sin fondo” para el Estado.
Según el MOPC, tras la palada inicial de los trabajos en julio del año pasado, antes de asegurarse la financiación, los trabajos ya registran a la fecha un avance del 40%, porcentaje incluye la construcción de la avenida principal y las obras complementarias. El Estado ya asumió una deuda de más de US$ 9 millones por 1 km de refulado que ya finalizó la contratista.
