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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el ministro Manuel Ramírez Candia y los camaristas José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, destrabó la causa que afronta el exministro de la máxima instancia judicial Miguel Óscar Bajac Albertini junto a Rafael Luis María Ramírez Doldán, acusados por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).
La causa fue elevada a juicio oral y público el 6 de setiembre de 2019, en relación a Ramírez Doldán, y el 7 de octubre de 2020 en relación al exministro Bajac. En consecuencia, se sortearon dos tribunales de sentencia para juzgar por separado a los acusados en la presente causa penal.
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Atendiendo a dicha decisión, los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez solicitaron la acumulación de las causas, pero el pedido fue rechazado por el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Alba María González, Mesalina Fernández y Dina Marchuk.
Esta última decisión fue apelada por el Ministerio Público y el Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital resolvió revocar la resolución de las juezas de sentencia y hacer lugar a la acumulación de las causas.
Conflicto de competencia
Posteriormente, la magistrada Rossana Maldonado, que integró el Tribunal de Sentencias Ordinario, proveído del 7 de julio de 2021, resolvió remitir el expediente para la designación de un tribunal especializado que entienda en la causa.
El 9 de julio del 2021, el Tribunal Penal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Corrupción se declaró incompetente para entender en la presente causa, en atención a que, en relación al procesado Rafael Luis María Ramírez Doldán, la causa se elevó a juicio oral y público el 6 de septiembre del 2019.
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El tribunal especializado argumentó que el auto de apertura a juicio es anterior a la acordada que reglamenta la implementación de los tribunales especializados, por lo que solicitó la remisión de la causa a la Corte Suprema de Justicia para resolver la contienda de competencia.
Bajac será juzgado por un tribunal ordinario
La Sala Penal concluyó que de la lectura del expediente se constata que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital, decidió hacer lugar a la acumulación de causas solicitada por el Ministerio Público, por lo que se entiende que el expediente ya se encuentra acumulado con relación a los procesados Rafael Luis María Ramírez Doldán y Miguel Óscar Bajac Albertini y deben ser resueltos por un mismo tribunal de sentencia.
Agrega que el artículo 47 del Código Procesal Penal dispone que será competente el tribunal que conozca del hecho punible que haría aplicable una sanción más grave, y en caso de igual gravedad aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua.
En consecuencia, la máxima instancia judicial señala que la elevación a juicio oral con respecto al acusado Rafael Luis María Ramírez Doldán que fue el 6 de setiembre de 2019, antes de la vigencia de la Acordada Nº 1.406, que habilita la competencia de los juzgados especializados, que comenzó a regir a partir del 01 de Julio del 2020, por lo que corresponde declarar la competencia del tribunal ordinario.
Acusación es por supuesto pedido de coima de US$ 50 mil
Según la acusación fiscal, entre los meses de diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Óscar Bajac Albertini, en ese entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última propietaria de la firma Cal Agro SA, el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
El monto supuestamente solicitado representaba nada menos que 50.000 dólares norteamericanos, puntualiza la acusación presentada por los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez.
Según los investigadores, el propio Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su mismo despacho y solicitó a Felipe Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”.
Para el efecto el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
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En la cláusula tercera de ese contrato aparece que los “honorarios” iban a ser abonados una vez que se confirme la sentencia de indemnización de segunda instancia. El “contacto”, además de Bajac, era el funcionario Carlos Lesme.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió 50.000 dólares, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Ramírez con una coima de G. 50 millones.
El entonces ministro de la Corte Bajac cambió su voto y lo emitió en contra del empresario denunciante un día después de que su funcionario allegado Rafael Ramírez reciba la coima de G. 50 millones en la misma explanada del Palacio de Justicia, en medio de un operativo encubierto.