Cargando...
El informe que emite la cartera económica cada mes detalla el aporte realizado por los funcionarios activos y el gasto que conlleva el pago de los haberes jubilatorios, así como el acumulado en lo que va del año, con sus respectivos resultados financieros.
La Caja Fiscal registró en abril un déficit de G. 97.687 millones (US$ 14,1 millones), lo que representa 29% de diferencia entre el aporte de los activos y los haberes abonados a los jubilados. Con este resultado, el saldo rojo acumulado en el primer cuatrimestre asciende a G. 316.289 millones (US$ 45,9 millones), que representa 24%.
Los funcionarios activos, que suman 230.823, aportan a la caja el 16% de sus ingresos, pero estos fondos no alcanzan para cubrir todos los beneficios pagados a los 68.225 jubilados existentes, por lo que la diferencia la cubren con recursos genuinos del Tesoro y con parte del superávit que tienen otros sectores que conforman esta entidad.
La Caja de Jubilaciones del sector público está compuesta por seis sectores: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que hasta abril registraban un superávit de 99%, 20% y 22%, respectivamente. En tanto que policías, militares y maestros presentan un déficit de 59%, 72% y 46%, respectivamente.
Déficit para cierre de ejercicio
Un informe técnico de Hacienda indica que las proyecciones dan cuenta de que la entidad cerraría este año con un déficit global de US$ 224 millones (US$ 153 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 71 millones a los docentes).
Hacienda argumenta que esta situación financiera se agravará si el Congreso aprueba el proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos, ya que para cumplir se necesitará de un ingreso adicional en promedio de US$ 277 millones al año.
Lea más: Caja Fiscal: equiparar jubilaciones al sueldo de activos costará US$ 277 millones al año
Ante este panorama, las autoridades de la cartera insisten en que las reservas de las que dispone la Caja Fiscal se agotarán en los próximos dos años, por lo que la solución al problema es aprobar una reforma del sistema.
El proyecto está siendo impulsado por los gremios de jubilados y será tratado en menos de 15 días en la Cámara de Senadores, en plena época electoral.