Esta mañana, durante la sesión ordinaria, el concejal colorado Óscar Delvalle (velazquista) presentó una minuta verbal solicitando la confirmación oficial del gobernador interino Gustavo Adolfo Machuca (velazquista) como gobernador del departamento Central “con todas las prerrogativas legales que configure el cargo (…) a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental”.

Votaron a favor de la minuta 14 concejales y entre los mismos se cita a los colorados de Fuerza Republicana (velazquistas) Jadiyi Ibarrola, Óscar Delvalle, Gustavo Maciel, Milciades Raúl Aveiro y Esmilce Bobadilla, además los liberales Daniel Ferreira, Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos y Jorge Rolón, así como también los colorados cartistas Crispín Vallejos, Derlis Maciel, Alejandro Núñez y María Sixta Estigarribia. A ellos se sumó Miguel Villagra, de Patria Querida.

Estuvieron ausentes los ediles Atilio López (PLRA llanista) y Enrique Ojeda (ANR cartista). Se abstuvieron Mario Aguilera (PLRA llanista), Dilio Ortiz (llanista), Laura Moreira (llanista), Derlis Larroza (llanista) y Benita Jara (efrainista).

De esta manera la Junta Departamental destituyó definitivamente al ahora exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (cartista).

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Al respecto, el concejal Adrián Billy Vaesken aseguró que “aunque la Justicia, por cuestiones fortuitas, le otorga libertad ambulatoria, el mismo ya no podrá regresar a su cargo. La Junta Departamental le dio un corte definitivo al exgobernador Hugo Javier y tácitamente lo despidió”, dijo.

Hugo Javier y otras 14 personas fueron imputados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, el pasado 1 de noviembre de 2021 por los supuestos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, tras la rendición de cuentas, amañada, sobre la ejecución de US $1 millón (G. 6.382 millones), del fondo covid-19, donde se usaron facturas clonadas para justificar el gasto del millonario recurso.

Gobernador sin permiso

El pasado 21 de abril, la Junta Departamental de Central rechazó la comunicación de ausencia de 15 días, hecho por Hugo Javier González. El exgobernador no podía ir a su lugar de trabajo por estar bajo arresto domiciliario desde el 12 de abril del corriente.

Posteriormente, González Alegre, ya no solicitó ningún tipo de permiso y tampoco justificó su ausencia. Dejó acéfala la Gobernación de Central.

Transcurrió exactamente un mes desde que la jueza María Elena Cañete le otorgó como medida cautelar arresto domiciliario en el marco de la investigación en su contra por la supuesta mala ejecución de G. 6.382 millones del fondo covid. Entonces, la Junta Departamental aplicó lo que establece la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental, en su artículo 13 inciso C.

“Sustitución del Gobernador. Artículo 13.- En caso de ausencia, muerte, renuncia o impedimento del Gobernador, se procederá como sigue: c) En caso de renuncia, muerte o impedimento definitivo, ocurrido durante los tres primeros años del período, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones, dentro de los noventa días siguientes al hecho que motivare la vacancia. Si el hecho ocurriera durante los dos últimos años, será elegido un nuevo Gobernador entre los miembros de la Junta Departamental por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, hasta completar el período”, dice la normativa.

La defensa de Hugo Javier González Alegre (ANR cartista) presentó la semana pasada un recurso de apelación contra la resolución del 12 de abril (arresto domiciliario), pero el Tribunal de Apelaciones rechazó lo solicitado y confirmó el arresto para el procesado. Esta situación se configuró en un impedimento legal para que siguiera en el cargo.

Junta tiene atribuciones

Por su parte, Luis Salas, director de Recursos Electorales del TSJE, comentó que al parecer la Junta Departamental de Central se basó en la carta orgánica para destituir a Hugo Javier y nombrar un nuevo gobernador.

Recordó que conforme a la ley, ante la ausencia injustificada de 15 días del administrador departamental, la Junta posee las atribuciones para remover al gobernador.

“Seguramente no se le renovó el permiso o no pidió luego permiso (sic)”, refirió.

Igualmente, recordó que el afectado, en este caso Hugo Javier, tiene derecho a apelar la resolución de la Junta.