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Barreto señaló que los haberes jubilatorios se reajustan por la tasa de inflación cada año, para mantener su poder adquisitivo a través del tiempo y no tiene nada que ver con los salarios de los funcionarios en actividad.
“La Caja Fiscal está absolutamente quebrada por este tipo de decisiones que desvinculan totalmente el monto de las jubilaciones de los aportes realizados”, criticó el exministro.
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A su criterio la referida caja de jubilaciones del sector público necesita ajustes de parámetros de manera urgente y “los contribuyentes no tenemos por qué pagar a funcionarios jubilados cómo está ocurriendo actualmente, es absolutamente injusto e inequitativo”.
Las críticas sobre el referido proyecto de ley surgieron luego de que en la última sesión de la Cámara de Senadores, a pedido del senador Martín Arévalo (ANR-cartista), fue aprobado la inclusión del tema en el orden del día para dentro de 15 días.
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La iniciativa surge como parte de la campaña electoral que realizan los políticos y apuntando a los votos de los jubilados beneficiarios de la Caja Fiscal, cuyos gremios vienen impulsando la aprobación de este proyecto desde hace algunos años.
Proyecto de ley
El proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil” establece, entre otros puntos, que “los haberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios públicos y empleados del Programa Contributivo Civil, serán actualizados anualmente teniendo en cuenta la tabla de asignaciones de categorías del funcionario activo en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario en funciones, conforme lo establece el Art. 103 de la Constitución Nacional”.
Lo que permitirá este proyecto de ley, de aprobarse, es que se equipare los haberes que cobran los jubilados con el salario que reciben los funcionarios que están actualmente en actividad, como ya ocurre en el sector de militares y policías.
El Ministerio de Hacienda, apenas se supo que se agendó el tema en el Senado, alertó del colapso financiero que podría generar en la Caja Fiscal y su impacto en el Tesoro Público.
Según los datos que expuso el viceministro de Economía de Hacienda, Iván Haas, tendrá un costo adicional en promedio anual de US$ 277 millones, lo que en los primeros cinco años de implementación ya representará US$ 1.383 millones.
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Haas aseguró que terminará acelerando el agotamiento de reservas en el corto plazo y la imposibilidad de pagos de las obligaciones, atendiendo que el déficit acumulado de la Caja Fiscal en los últimos cinco años fue de US$ 652 millones y las proyecciones de cierre para el presente ejercicio apuntan a un saldo rojo de aproximadamente US$ 224 millones.