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La cartera fiscal volvió esta semana a llamar la atención sobre el saldo rojo que registra la Caja Fiscal, luego de que la Cámara de Senadores aprobara tratar en 15 días el proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos.
La referida caja, que administra la jubilación de los funcionarios de la Administración Central, cuenta con un total de 67.773 beneficiarios y tras finalizar el primer trimestre del año, acumula un saldo rojo de G. 218.602 millones (US$ 31,7 millones al cambio vigente).
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La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores de la función pública: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que a marzo registran superávit de 108%, 24% y 19%, respectivamente. En tanto que policías, militares y maestros registran déficit de 58%, 72% y 46%, respectivamente.
La diferencia entre los aportes realizados por los funcionarios activos y los haberes abonados a los jubilados, se financia con una parte de los recursos de los sectores superavitarios y, principalmente, con los fondos recaudados a través de los impuestos.
Proyección para cierre del año
Un informe técnico de Hacienda alerta que las proyecciones para el cierre del ejercicio apuntan a que el déficit llegará a US$ 224 millones al final de diciembre, de los que US$ 153 millones corresponden a las Fuerzas Públicas (militares y policías) y US$ 71 millones al sector civil, explicado por el déficit de los docentes.
El panorama, sin embargo, podría agravarse si se aprueba el proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios con el sueldo de los activos, teniendo en cuenta que se producirá un incremento acelerado hasta llegar a un déficit acumulado cercano a US$ 800 millones en el 2026, con su correspondiente efecto en el agotamiento de las reservas.
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Hoy, parte del déficit ya se cubre con los impuestos que paga la ciudadanía, pero una vez que se agoten las reservas, la entidad quedará imposibilitada para pagar los beneficios, situación que pondrá en peligro las finanzas públicas.
El viceministro de Economía, Iván Haas, había adelantado que la equiparación de la jubilación con el sueldo de los activos tendrá un costo adicional anual de US$ 277 millones, que en los primeros cinco años de implementación representará US$ 1.383 millones.