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Los concejales departamentales expusieron ante los miembros de la comisión de intervención las 13 causales de intervención del Ejecutivo a la Gobernación de Guairá en la que denuncian una serie de irregularidades en la administración del cartista, quien en el próximo periodo aspira ocupar una banca en la Cámara de Senadores, en busca de asegurar la inmunidad parlamentaria.
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El presidente de la Junta Departamental, Guido Girala (PLRA), mencionó que esta tarde el gobernador presentará su descargo munido de carpetas y funcionarios. “Hay que reconocerles que ellos han creado un sistema de estafarle a la Gobernación de Guairá bien fina. Acá no estamos hablando de improvisados, acá hay una asociación fina para delinquir, de alto vuelo en el departamento de Guiará, las facturas seguramente se van a caer por el suelo, las empresas de maletín hembypa para facturar”, dijo el concejal departamental de Guairá.
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“Quiero que escuchen bien y vean bien las facturas porque van a poner con moño y todo, pero vean los números de las facturas y las empresas involucradas y entiendan bien una cuestión acá hay una asociación para delinquir y estafarle al pueblo guaireño de un nivel bastante esmerado que es digno de atención”, insistió Girala a los miembros de la comisión especial quienes hasta el 19 de mayo tienen tiempo para emitir dictámenes.
Entre los puntos mas resaltantes mencionaron la transgresión del artículo 60 a la Ley 1626/00 de la Función Pública en concordancia con el artículo 9 de la Ley 426/1994 Orgánica Departamental al conceder sumas millonarias a los funcionarios de la gobernación, Carlos Augusto Ramos, presidente de la comisión de emergencia departamental y Aaron Mysgym Menzel, presidente de la comisión de Fomento de San José. En total se les transfirió la suma de G. 5.560 millones.
Planta generadora de oxígeno sin uso
También mencionaron una “inversión” de G. 3.000 millones en la obra de construcción de la planta generadora de oxigeno y pabellón de contingencia, sin contar con la autorización del Ministerio de Salud. Además de la construcción de empedrados por un valor total de G. 4.347 millones cuyas órdenes de pago no cuentan con planilla de cómputo métrico y plano georeferenciado de ubicación.
Los diputados cartistas Cristina Villalba y Walter Harms estuvieron a la defensiva. Villalba preguntó si los mismos concejales denunciantes aprobaron años atrás las ejecuciones presupuestarias de la gobernación. Pidió la lista detallada de los concejales. Mientras que Harms dijo que se fue a perder su tiempo y que por WhatsApp nomás le podían enviar las tres hojitas de las causales de intervención, en busca de desacreditar las denuncias.