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Mediante el Expediente N° 54.810 de Acceso a Información Pública (AIP) se solicitó a Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Denis Lichi, su cartera de clientes morosos, con el detalle de la deuda que mantienen. La respuesta que dio la petrolera estatal es que en los contratos que mantiene rige la cláusula de confidencialidad y menciona que se encuentra vigente la Ley N° 6534/20 de Protección de Datos Personales Crediticios.
Al respecto, el abogado y activista por el libre acceso a la información en poder del Estado, Federico Legal, observó que Petropar no específica los artículos que precautela el cumplimiento de la ley que citó y por el cual se reserva proporcionar datos de los morosos.
“Si existiere información que deba ser reservada porque la ley así lo clasifica, porque se trata de un dato sensible u otra causal legítima de reserva, entonces es factible la tacha o reserva de esa información sin que eso signifique reservar todo el documento”, manifestó.
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Agregó se aplica el principio de divisibilidad, es decir dividir lo que es público de lo que es privado. “No puede aplicarse un criterio meramente arbitrario”, dijo.
Además, Legal recalcó que “una cláusula de confidencialidad jamás puede anular lo que establece una ley, que en este caso, se trata de la N° 5282 de Transparencia Gubernamental”.
La normativa de referencia establece en su artículo 2 que las empresas públicas son fuentes públicas y que es información pública aquella producida, obtenida o generada bajo control o en poder de las fuentes públicas, salvo que se encuentre reservada por las leyes. Seguidamente, en su artículo 8, dispone que los contratos celebrados son públicos.
Referente a la normativa que Petropar apeló para negar la entrega de datos, la de Protección de Datos Personales Crediticios, Legal apuntó a que esa misma dispone la difusión de a lista de morosos. Es decir, no hay sustento jurídico para ocultarlos.
El artículo 19 de esa ley establece que “la información crediticia podrá publicarse por un tiempo máximo de 5 años, a contar desde la última información significativa o desde el vencimiento del plazo original de la operación de crédito de que se trate o el que fuera mayor”. Seguidamente, clasifica como “información significativa” el momento en que se produce la mora del deudor.
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De esta manera, Lichi no tiene sustento jurídico para impedir el libre acceso a información pública a los ciudadanos, derecho garantizado por el artículo 25 de la Constitución Nacional. Se intentó conversar con él pero no contestó las llamadas ni los mensajes. Tampoco se tuvo reporte a través de la Dirección de Comunicación, a cargo de Felipe Oddone, ni del jefe de Gabinete, William Wilka.
Negativa sistemática
Petropar alegó resguardo de la confidencialidad para no informar de la deuda de operadores de estaciones de servicio vinculadas con políticos, solicitada vía EXP. AIP N° 54.851. No difunde siquiera esos contratos con sus clientes, que son 230 operadores de estaciones de servicio, tal como lo obliga la ley.
La petrolera estatal tampoco respondió lo requerido en el EXP. AIP N° 51.459, referente a la lista de concesionarias beneficiadas y la cantidad de litros y buses a los que cargaron los 20 millones de litros de combustibles, vendidos a un precio preferencial, de mayo a diciembre del 2021. Se trató de una medida para contener el precio del pasaje, decisión aprobada por el Equipo Económico Nacional (EEN), dirigida por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.
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De esta manera, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez oculta el esquema de distribución del hidrocarburo entregado a empresarios, beneficio que se sumó al subsidio mensual y que duplicó su valor.
Prima el interés superior, opinan
Federico Legal, abogado, recalcó que son sucesivos los hechos de corrupción que salpicaron a las autoridades de Petropar, razón por la cual prevalece el interés superior de brindar información pública. La petrolera estatal debe publicar su cartera de clientes morosos, incluso porque la ley de Protección de Datos Personales Crediticios así lo dispone. “La misma ley que Petropar invoca, impone que la mora es una información que tiene un tiempo que puede ser lícitamente divulga”, destacó. Para reservar debe establecerse mediante una ley, sostuvo.
Histórico de hechos de corrupción
Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Denis Lichi, registra sucesivos hechos corrupción, incluso bajo el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
El más reciente es el escándalo de “Texos oil”. Lichi y el entonces procurador de la República, Sergio Coscia, casi obsequiaron US$ 7 millones de los fondos públicos a la firma argentina Texos Oil, a fines del 2020, al intentar concretar un acuerdo secreto extrajudicial que siquiera se basaba en algún dictamen que lo justifique, según reveló un reporte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) del 1 de febrero del 2021. El caso costó el cargo a Coscia, quien hoy se encuentra procesado por apañar reducción del canon a concesionarias de juegos de azar.
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Otro caso reciente, y en plena cuarentena total, se encuentra el caso conocido como “agua tónica” en el que, bajo la presidencia de Patricia Samudio, Petropar adquirió por vía de la excepción 5.000 botellas de agua tónica y de otros insumos, por más de G. 359 millones. Los recursos fueron transferidos a una cuenta de la empresa Racole SA para el pago parcial de una deuda de José Costa Perdomo, esposo de patricia, según la acusación fiscal.
Además, una auditoría detectó un perjuicio patrimonial de más de G. 30.000 millones con el establecimiento de gasolineras con emblema de la estatal, entrega a plazo de combustibles y cheques sin fondos, bajo la administración de Eddie Jara, durante el Gobierno del presidente Horacio Cartes.
También existen “obras fantasma” durante la gestión de Sergio Escobar (2011-2013), mandato de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco. Se trata de construcciones en la planta alcoholera de Troche, Guairá, así como sobrefacturaciones varias, compras irregulares de firmas de maletín, el ingreso al país “de gasoil basura” (pagado a precio de “oro”) y el manejo totalmente prebendario del ente, entre otros. Fue en este lapso que se constató un daño patrimonial al Estado por más de G. 2.418 millones.
Otro caso, que podría considerarse el más emblemática, es la deuda de casi US$ 300 millones con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que se acumuló por las compras a crédito y debido a un subsidio asumido por el Gobierno en el precio del gasoil.
El Acuerdo Energético de Caracas (AEC), con el cual se asume el citado compromiso, se firmó el 18 de noviembre de 2006, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y con Armando Rodríguez al frente de Petropar. Alejandro Takahasi asumió la presidencia de la petrolera estatal en 2008, designado por el presidente Lugo y en reemplazo de Rodríguuez, y fue quien terminó por consolidar la entrega de nuestra soberanía energética.
A pesar de esto, días atrás, varios senadores se reunieron con parlamentarios venezolanos para conversar sobre la posibilidad de adquirir nuevamente de ese país combustibles. La maniobra se concretaría con la anulación de requisitos a proveedores, que fue recientemente promulgado.
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