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La audiencia de imposición de medidas para las tres imputadas se realizó en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de San Lorenzo, a la mañana de ayer, hasta donde varios padres de familia se trasladaron para acompañar la diligencia desde las afueras del tribunal. La resolución judicial de prisión preventiva para las tres se dio a conocer recién a las 23:00 de anoche. Ellas deberán cumplir la misma en “El Buen Pastor”.
El equipo fiscal que fue conformado para la investigación solicitó la prisión preventiva para las tres imputadas en el escrito que acompañó el acta de imputación. Ayer, nadie estuvo presente en la audiencia.
Durante la audiencia, los defensores de la directora Carolina Urbieta, los de la docente Olga Feltes y la coordinadora María Gabriela Santiviago coincidieron en solicitar medidas alternativas a la prisión para todas. Para el efecto, en el caso de Urbieta ofrecieron fianza real sobre inmuebles y personal, a modo de garantía, mientras que para Feltes y Santiviago, solo real.
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Autoridades no hicieron el seguimiento
El caso de abuso sexual en niños ocurrió el 26 de abril pasado en un colegio privado de Lambaré y fue denunciado ante el Ministerio Público por la madre de la víctima, un niño de 6 años.
La pesquisa tomó un rumbo distinto cuando se supo que el 31 de marzo pasado la madre ya denunció al colegio que su hijo era víctima de acoso escolar o bullying, por parte de adolescentes.
En vez de tomar medidas, las autoridades escolares hicieron caso omiso al protocolo establecido por el Ministerio de Educación para este tipo de casos e intentaron ocultar el hecho, al punto de editar inclusive los videos antes de darlos a la Fiscalía.
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Esta situación irregular derivó un allanamiento a la casa de estudios y posterior imputación a la directora, a la docente y la coordinadora, quienes estaban en conocimiento del caso.
La directora Carolina Urbieta, la docente Olga Feltes y la coordinadora María Gabriela Santiviago fueron imputadas por violación del deber de cuidado.
Urbieta, además, fue procesada por frustración de la persecución y ejecución penal y la violación de la Ley 6.202/2018 relacionado a la prevención de casos de abuso sexual.}
Vigilia de padres de familia, sin descanso
Padres de familia acompañaron ayer la audiencia de imposición de medidas a las tres imputadas en el marco de la investigación abierta por supuesto abuso sexual sufrido por un niño en un colegio privado de Lambaré. “Como padres estamos pidiendo que se haga justicia, en relación al encubrimiento total por parte del colegio en la comisión de un hecho punible muy grave dentro de la institución. Ellos quisieron cubrir y una vez que salió a luz esto no siguieron el protocolo establecido en el MEC. Estamos todos consternados por la situación porque le puede afectar a mi hijo o a cualquiera y hoy hay un menor de seis años que fue violentado”, declaró el abogado Pedro Wilson Marinoni, representante de la comisión de padres de alumnos del colegio.
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Cada 24 horas, 8 denuncias
De acuerdo con un pronunciamiento, relacionado al caso en el que resultó víctima un niño de 6 años, emitido por el “Frente Parlamentario por los derechos de la infancia y de la adolescencia”, cada 24 horas se denuncian 8 casos de abuso sexual y otros muchos siguen ocultos.
En el mismo escrito se subraya la obligación, por la Ley N° 6202/19 en su artículo 6, sobre la identificación temprana de posibles víctimas o casos de abuso sexual.
En tanto que en el artículo 7 del mismo cuerpo legislativo, que los docentes, funcionarios de la Codeni y todo cuidador de un niño, niña y adolescente, además de todo aquel que tenga conocimiento de una conducta o indicio de abuso sexual para denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes dentro de 48 horas tras conocer del hecho.
Además, según la Ley N° 4083/11, que las instituciones educativas del sector privado que incumplan lo establecido, serán sumariadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), previo sumario administrativo con la imposición de una multa de hasta 100 salarios mínimos y, en caso de reincidencia, con una multa que podría ir hasta los 200 salarios mínimos.
El frente liderado por la diputada Katty González, insta a denunciar casos.