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El Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Fleitas, resolvió no hacer lugar a la aclaratoria solicitada por la defensa y confirmó el rechazo de la última apelación planteada por la defensa de dos de los acusados en el proceso penal por lesión de confianza que ocasionó un presunto perjuicio por G. 9.451.992.829 a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), bajo la presidencia del ingeniero Carlos Dionisio Heisele Sosa.
La aclaratoria fue solicitada por la defensa de los acusados René Adilio Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos sobre el Auto Interlocutorio N° del 11 de abril de 2022, dictado por el mismo tribunal de alzada, que rechazó la apelación planteada por los procesados contra la convocatoria de la jueza Cynthia Lovera para intentar realizar –por 8ª vez– la audiencia preliminar, el pasado jueves 7 de abril.
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Los camaristas coincidieron en que “no hay expresión oscura, errores materiales ni omisiones a corregir, presupuestos del artículo 126 del Código Procesal Penal, razones suficientes para rechazar la pretensión de aclaratoria”.
El abogado Ricardo Preda había argumentado que la diligencia no se puede llevar a cabo mientas no se resuelva una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, el tribunal de alzada concluyó que la tramitación de la acción en la máxima instancia judicial no suspende el proceso, por lo que ahora, una vez que la Cámara de Apelaciones le remita el expediente, la jueza de Garantías N° 3 de la Capital Cynthia Lovera podrá fijar fecha para intentar, por novena vez, realizar la audiencia preliminar y resolver si eleva la causa a juicio oral y público como pide la fiscalía.
Chicanas impiden preliminar desde 2018
Según la acusación del fiscal Leonardi Guerrero, presentada en diciembre de 2018, bajo la gestión de Heisele en la ANDE se otorgaron indemnizaciones irregulares a diecisiete propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la Línea 500 kV, que une la Itaipú con Villa Hayes.
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El agente del Ministerio Público señaló en su requerimiento conclusivo que tras una exhaustiva investigación se comprobó que la ANDE pagó por encima de lo estipulado, ya que solo debía abonar casi G. 3 mil millones de acuerdo al dictamen de la Dirección de Topografía de la ANDE en las 17 indemnizaciones.
Además de Heisele están acusados como cómplices de lesión de confianza: Mónica Beatriz Rodríguez, Jacinto Bernal Ovelar, René Adilio Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos.