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La decisión del Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado es en mayoría, y afecta a los camioneros Roberto Almirón Acha, Ángel Zaracho Núñez, Julio César Solaeche Barreto, Juan Fredi Freidelin González y Vicente Medina Duarte, quienes se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú desde el 14 de abril pasado.
“Si bien es cierto que eI marco penal para el hecho punible imputado permite Ia aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva; no es menos cierto que el hecho investigado y en el caso particular (EXTORSIÖN) para que no hubiese los cortes de rutas, según el relato fáctico, vulnera directamente el derecho de cada habitante de circular libremente, según Io establecido en 1a Carta Magna: " Ios habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”, señala el magistrado Gustavo Ocampos González.
“Esta Magistratura al momento de analizar la viabilidad de 1a aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva; considera que debe tenerse presente lo dispuesto en los articu1os 243 y 244 del Código Procesal Penal, que refiere por un lado, a 1a falta de arraigo en e1 país, .Ia naturaleza de Ia sanción a ser impuesta, como resultado de1 procedimiento, Ia importancia del perjuicio y el comportamiento del imputados, en eL caso que nos ocupa; y por otra parte el peligro de obstrucción de un acto concreto de investigación que 1os imputados puedan destruir, modificar u ocultar eLementos de pruebas, .influir en co-imputados, testigos, peritos, para que declaren falsamente o inducir a otros a tal comportamiento”, agrega Ocampos, tras agregar que no han variado las condiciones que motivaron la prisión de los procesados.
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“El mantenimiento de la prisión decretada, tiene su fundamento en Ia indispensabilidad de la medida conforme a la necesidad de 1a investigación. que ha sido iniciada recientemente por el Ministerio Público y requerida por esta - en su contestación- para que sea mantenida a los fines de la misma, razonamiento este último, que considero correcto, en beneficio al esclarecimiento de los hechos denunciados; 1a individualización de más implicados y Ia producción probatoria que pueda comprometerlos o exculparlos”, argumentó a su vez el camarista Arnulfo Arias Maldonado.
Voto en disidencia por arresto de camioneros
El voto en disidencia fue la magistrada Bibiana Benítez Faría, quien destacó la baja expectativa de pena prevista por los hechos punibles investigados.
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“Considero que se encuentran las condiciones procesales para que los mismos sean beneficiados con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, en atención a los siguientes argumentos’ As1 fas cosas, tenemos que fa calificación provisoria establecida en esta causa es 1a prevista en eI Art’ 185 de1 Código Penal, el cual prevé un marco penal de hasta 5 años”, afirmó a su vez la camarista Bibiana Benítez, al fundamentar su voto en disidencia.
La abogada Myrian Marlene Fernández Llamazares, defensora de los camioneros Julio César Solaeche Barreto, Juan Fredi Freidelin González y Vicente Medina Duarte, recurrió al Tribunal de Apelaciones para pedir la revocación de la prisión preventiva ratificada mediante AI N° 251 del juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás.
El pasado 22 de abril se sustanció la audiencia de revisión de medidas ante el citado magistrado, quien tras analizar el caso resolvió mantener la prisión preventiva para los cinco trabajadores del volante, que ya había sido ordenada el 14 de abril por el juez penal de garantías Humberto Otazú. Los cinco, desde el lunes último, cumplen la medida en el penal de Tacumbú.
La imputación número 3 formulada por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron en dos ocasiones con el ministro del Interior, Federico González, el 11 de abril a las 11:00, en la planta principal de Petropar, cuando le exigieron la suma de US$ 1.000.000 para no cerrar rutas.
Ante la negativa de pagar por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, en otra reunión, pero ya en sede del Ministerio del Interior. Aquí también recibieron la negativa del secretario de Estado, por lo que los camioneros le solicitaron que su pedido llegue al presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Ya el 13 de abril, solo Ángel Zaracho se movilizó hasta la sede ministerial para buscar los US$ 50.000 que le fueron entregados y con los que cayó detenido mientras bajaba por las escaleras para dirigirse a la calle. Dichos billetes de la moneda norteamericana fueron entregados en un operativo fiscal, luego de ser fotocopiados y registrados bajo autorización judicial de Humberto Otazú, conforme a los documentos.