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El titular del Senado, “Cachito” Salomón (ANR, oficialista), anunció ayer que el próximo lunes 9 de mayo a las 10:00 se convocará a una reunión para analizar el fraude registrado a funcionarios de la Cámara. Están convocados representantes de las víctimas, autoridades de las cuestionadas cooperativas y asociaciones, referentes del Incoop y de la Fiscalía.
El caso viene siendo denunciado por la senadora Georgia “Nani” Arrúa (Patria Querida), quien se explayó en la sesión del 28 de abril. Indicó que el fraude data del 2018 y consistió en que los socios acudían a pedir créditos pero el dinero en realidad era sacado de entes privados y pese a los descuentos salariales automáticos, las cuotas no eran pagadas.
Tras numerosos juicios ejecutivos por deudas, la cooperativa planteó “arreglos” en que cada estafado debía sacar otro préstamo -pero de la Asociación de Empleados- para cubrir las deudas. Sin embargo, la “Aso” también dejó de pagar.
Indicó que actualmente se registran unos 200 casos con descuentos que llegan hasta el 100% del salario. Esto pese a que leyes vigentes y dictámenes internos del Senado prohíben descuentos superiores al 50%.
Siguen en el Senado
Durante la exposición, la senadora dijo que los funcionarios también temen acusar a las autoridades de la cooperativa porque varios de ellos son sus jefes en direcciones de comisiones.
Exhibió una lista de las autoridades de la Cooperativa cuestionada. La legisladora opositora citó a: Pedro Reinaldo Riveros, Nelson Cano, Juan Manuel Ramírez y Pedro Javier González, todos del 2014 al 2016 y a Patricia Salinas, Manuel Gamarra y Cristian Martínez entre los principales cargos para el periodo 2021-24 pero impugnadas por el Incoop.
Por otra parte, señaló que en la Fiscalía está “cajoneado” el caso principalmente en el despacho de la fiscala Luz Analía Guerrero de Martínez.
El senador Blas Llano (PLRA) dijo que la situación es lamentable ya que hay funcionarios que no cobran “un solo guaraní a fin de mes”. Ya en mayo de 2021 el Senado instó al Incoop a intervenir la cooperativa por los graves indicios de fraude que afecta a unos 200 funcionarios.