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El proyecto de ley embreta principalmente a los diputados y a su parentela que mantienen negocios con el Estado y a autoridades que ocupando un alto cargo en la Función Pública llevan información privilegiada a empresas privadas, ocupando un puesto similar.
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Recientemente salió a la luz pública, luego de la aprobación del subsidio a Petropar, que varios diputados y sus familiares contaban con servicentros de la petrolera estatal, entre ellos el titular de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC).
Además de los otros cartistas como Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado en diputados; Erico Galeano, Blanca Vargas de Caballero y Del Pilar Medina. Se suman el padre de la líder de la bancada oficialista, Jazmín Narváez, y el diputado Tomás Rivas, también del oficialismo. Tras la sanción del proyecto de ley de subsidio que tuvo una vigencia de 15 días, los abogados Hugo Estigarribia y José Casañas Levy señalaron que correspondía que los parlamentarios beneficiados pierdan sus investiduras. Afirmaron que, al usar sus cargos para beneficio propio, constituyeron el tráfico de influencias, a sabiendas del conflicto de intereses que representaba.
La sanción de la norma perjudicaría no solo a la pareja del diputado Núñez, Nidia Cabrera, exconcejala de Villa Hayes, sino también a una empresa proveedora del Estado ligada al legislador. Se trata de Davener SA, que aparece como proveedora de servicios de limpieza en la Gobernación de Presidente Hayes y otras instituciones del Estado, que en los últimos años logró contratos por G. 1.989 millones.
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Otro legislador a quien también perjudicaría la norma sería al diputado Sergio Rojas (PLRA, “L”), quien a través de su esposa mantiene contratos millonarios con gobernaciones, municipios así como con universidades nacionales a través de su empresa ConstruSur. En los últimos cinco años se le adjudicaron G. 38.000 millones.
Puertas giratorias
En caso de que una autoridad no presente su declaración jurada de intereses o falsee datos, se prevé un castigo con multas y prohibición de hasta diez años para ocupar cargos públicos. Para los casos de puertas giratorias el ex alto funcionario público solo podrá ocupar un cargo similar en una empresa privada dos años después de dejar la función pública. El proyecto del Ejecutivo no fue incluido entre los puntos del orden del día de la sesión de hoy convocada para las 08:30.