Ley de Petropar supondría retroceso de 20 años en transparencia, según Contrataciones

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas calificó el proyecto de ley para la compra directa de combustibles por parte de Petropar, vetado ayer por el presidente Mario Abdo Benítez, de “muy peligroso” para la transparencia y el control de los gastos públicos.

Planta de Petropar en Villa Elisa.

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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, habló del veto del presidente Mario Abdo Benítez al proyecto de ley emitido por el Congreso para facilitar la compra directa de combustibles por parte de Petropar, eliminando procesos burocráticos.

La versión del proyecto de ley que salió del Congreso y fue vetada por el presidente Abdo causó preocupación porque el texto se prestaba a interpretaciones que podrían permitir a Petropar saltarse mecanismos de control del gasto público como la Ley de Contrataciones.

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En ese sentido, Seitz opinó que la ley, en la forma en que fue sancionada por el Congreso, supondría “retroceder al menos 20 años en avances de transparencia” en Paraguay, deshaciendo progresos en materia de control público logrados desde la misma creación de la Dirección de Contrataciones en 2003.

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Seitz señaló que el polémico proyecto de ley nació como una herramienta para dejar sin efecto un obstáculo burocrático para la compra de combustibles, el requerimiento de declaraciones juradas a los proveedores de Petropar, y en su forma inicial el proyecto tuvo el visto bueno de Contrataciones y el apoyo de gran parte de la población, por la posibilidad en que la simplificación del proceso de compras pudiera traducirse en precios de combustibles más bajos para el consumidor final.

Una ley peligrosa

Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas.
Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas.

Sin embargo, el texto fue alterado en el Congreso antes de su sanción, con modificaciones que, dependiendo de interpretaciones de las autoridades de turno, efectivamente habrían dejado a Petropar fuera del alcance de la Ley de Contrataciones Públicas que permite a la ciudadanía monitorear los gastos de la empresa estatal.

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Seitz calificó esa ambigüedad, el hecho de que la ley dé espacio a interpretaciones, de “muy peligrosa”.

“Es un riesgo que algo tan sensible como la compra de hidrocarburos se deje a la interpretación”, advirtió.

Luego del veto presidencial, el proyecto de ley regresará al Congreso, donde los congresistas deben decidir si aceptan el veto y archivan el proyecto, o se ratifican en su aprobación y someten el caso a una nueva votación.

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