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El intendente Gustavo Penayo (Añeteté), presentó el pedido de evaluación siquiátrica de los ediles, porque asegura que es la única forma que se normalice la situación en la Junta Municipal y se pueda trabajar en los proyectos que beneficien al pueblo.
Resaltó que algunos concejales presentan trastorno en sus comportamientos, “no sé si es producto de la pandemia, pero es recomendable saber el estado de salud mental en que se encuentra cada concejal, y me incluyo”, dijo el intendente.
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Agregó que esa decisión tomó, porque un médico del Centro de Salud local le recomendó y que incluso ya tenían a un profesional quien iba a poder realizar dicha inspección a los ediles, pero por mayoría rechazó.
Manifestó que está en conocimiento que dentro del cuerpo legislativo hay concejales que tienen antecedentes de comportamiento agresivo en sus hogares y que han atentado incluso contra sus vidas y esas amenazas están latente, por lo que es importante conocer en qué condiciones se encuentran de salud mental.
Esta situación fue tomada por la mayoría de los concejales como una falta de respeto y rechazaron la propuesta los ediles José Villalba Benítez, Delia Schupp de Núñez, Francisco David Rojas, Lucas Milán Giménez, Luis Carlos Aguero Zarza, todos liberales y los colorados Rubén Darío Pedrozo, Cayo Ignacio Barbosa Hermosa.
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Asimismo, votaron por la aprobación en minoría los incondicionales del intendente, los colorados, Hernán Olavarrieta, María Elisa Espínola de Villalba, Juan Benítez, Lidia Telles y Julia Virginia Armas Maqueda (PLRA).
Intendente patotero
El concejal Pedrozo (ANR), manifestó que el intendente es un fármaco dependiente, que tendría también sus propios trastornos de personalidad, tiene una actitud de patotero, que permanentemente irrumpe en la sesión con sus hurreros y utiliza a los funcionarios municipales para que participen de las convocatorias para crear disturbios durante las sesiones.
Manifestó que por mayoría rechazó el pedido del intendente. Dicho pedido es una artimaña del ejecutivo comunal del cual quería valerse de la “evaluación fraguada”.
Dijo que estos comportamientos tiene cuando se van a tratar temas que competen a su gestión. En ese sentido, dijo que ayer el grupo de 7 concejales querían que se trate sobre tabla la situación del administrador de Andrés Arrúa Brítez, quien figura como supuesto proveedor del Estado con su empresa BH Service SRL.
Arrúa Britez, sería además funcionario de Administración Nacional de Navegación y Puertos, comisionado en la Municipalidad local. Sin embargo, se le está pagando salario mensual de las arcas municipales G.3.300.000. Además tenían previsto estudiar la contratación por concurso de méritos de un asesor para la Junta Municipal, pero el presidente Olavarrieta levantó la sesión.
Con medida cautelar reanudan sesión
El grupo de siete concejales están aguardando también el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sobre el cambio de mesa directiva que realizaron, en donde habían destituido a Olavarrieta de la presidencia y a la concejal Armas Maqueda de la vicepresidencia.
Mientras salga la decisión de dicha instancia judicial, el grupo de siete concejales está acatando lo decidido por el Tribunal Electoral de la Capital Segunda Sala, que emitió una medida cautelar, cuyo juicio inició el presidente Olavarrieta y la vicepresidenta Armas Maqueda. Dicha instancia ordenó la prohibición de innovar en cuanto a las autoridades de la mesa directiva electa el 9 de noviembre del 2021 y cuyo mandato fenece recién el presente año.