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Los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez Faria, miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, confirmaron el Auto Interlocutorio N° 932 del 22 de abril de 2022, por el cual la jueza de Garantías María Elena Cañete confirmó el arresto domiciliario del gobernador de Central, Hugo Javier González, en el proceso que el mismo afronta por el caso “obras fantasma”.
La defensa del “Nº 2″, ejercida por los abogados Fausto Portillo y Arturo Daniel Andrés Casati, argumentó que la jueza de Garantías rechazó la aplicación de medidas sustitutivas al arresto domiciliario y no se pronunció sobre el pedido de permiso para que Hugo Javier González pueda acudir a la sede de la gobernación, a fin de cumplir con su rol de titular del Ejecutivo departamental, entre las 7:00 y las 15:00.
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Fundamentó también que, al mantener el arresto domiciliario al procesado, la jueza de Garantías María Elena Cañete convirtió la medida cautelar “en una sanción anticipada y que afecta el derecho al trabajo, a recibir un salario digno y justo, así como su libertad para cumplir con el mandato para el cual fue electo mediante el voto popular”.
Luego del fallido intento de Hugo Javier González para conseguir permiso a fin de seguir cumpliendo sus funciones como gobernador de Central, el colorado velazquista Gustavo Machuca logró ser elegido, la semana pasada, como gobernador interino. El edil prometió transparencia en la administración de la institución departamental.
Procesado por supuesta malversación de los fondos COVID
El arresto domiciliario de Hugo Javier González (ANR, cartista) fue ordenado en el marco de la pesquisa del Ministerio Público por el presunto mal uso que hizo aquel de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que le fueron transferidos por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica durante la pandemia del COVID-19.
Según la imputación, el jefe departamental al recibir dichos recursos decidió repartirlos a dos ONG: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez (también imputado), y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera.
La primera entidad “sin fines de lucro” citada recibió G. 5.105 millones, mientras que la segunda G. 1.276 millones, según los antecedentes. Una investigación iniciada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) encontró que González justificó el uso del dinero mediante la utilización de facturas presuntamente clonadas.
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Ese hecho fue confirmado por la Fiscalía a través de sus indagaciones y agregó que los fondos fueron entregados sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el anexo del Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2020.
El caudal de evidencias hizo que el Ministerio Público presente el 1 de noviembre de 2021 la imputación contra Hugo Javier González y otras 14 personas, por los presuntos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. El plazo para la acusación fiscal vencía el 1 de mayo, pero a través de un pedido de prórroga los agentes consiguieron ampliar hasta el 1 de noviembre próximo.