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Miguel Ángel Villalba, encargado de Despacho de la Procuraduría, dijo que Petropar es una institución “autónoma y autárquica”, por tanto, la Procuraduría no puede involucrarse en la demanda judicial que interpuso PDVSA, de Venezuela, contra la petrolera paraguaya.
Indicó que solamente con una autorización de la institución podría intervenir eventualmente en este proceso judicial, que actualmente está en un tribunal arbitral en París, Francia.
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De acuerdo al contrato firmado durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, PDVSA nos daba el combustible y este año teníamos que empezar a pagarlo. El préstamo era a quince años de plazo con intereses bajos, pero Petropar no estaría cumpliendo el contrato. La demanda es millonaria y consiste en US$ 300 millones. Esto es un pago muy por encima de la capacidad económica de Petropar, teniendo en cuenta que nuestra planta como mucho cuesta US$ 100 millones.
No está en su ámbito de competencia
Si bien Miguel Ángel Villalba remarcó que la Procuraduría no tiene la representación necesaria de Petropar, porque esta institución no está en su ámbito de competencia, se le cuestionó cómo en otros gobiernos sí la Procuraduría se involucraba para solucionar cuestiones de la petrolera.
Sobre esto, se mantuvo en que en este caso la Procuraduría podría tomar partido, pero en base a una solicitud de Petropar.
Se le insistió en que pese a esa autonomía, en caso de que el fallo salga en contra de Paraguay, el dinero lo pagaremos todos los paraguayos.
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No lo invitaron a reunión con legisladores
Llamativamente, el encargado de Despacho de la Procuraduría dijo que no tiene en agenda reunión con los cinco legisladores venezolanos que llegaron a nuestro país para reunirse en el Senado y hablar sobre la deuda de PDVSA. Según se indica, los representantes venezolanos quieren hacer una especie de arreglo y para eso conversarán con el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, además del presidente de Petropar.
Si bien se anunciaba la presencia “a confirmar” del encargado de la Procuraduría, el funcionario dijo que no recibió ninguna instrucción para participar de la mencionada reunión.
De acuerdo a los términos del tratado firmado en 2004, existía un plazo de 15 años para cancelar dicha deuda, plazo que ya venció.