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El Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, integrado por los magistrados Gustavo Santander Dans, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos González, rechazó la recusación planteada por el abogado Enrique Villagra, defensor del suboficial de Policía Alcides Villagra Giménez, y confirmó a la jueza Alicia María Verónica Pedrozo Berni en la causa penal donde está procesado el presunto traficante de drogas Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, el diputado colorado Ulises Quintana y otra veintena de personas.
El recusante había argumentado la existencia de “graves motivos que afectan la imparcialidad de la magistrada” y que la prórroga extraordinaria que Pedrozo otorgó al Ministerio Público para presentar las evidencias colectadas en la presente causa fue en contravención del artículo 347 de ley penal de forma, que reza que los autos procesales deben cumplirse indefectiblemente en los tiempos establecidos en la ley y que los plazos procesales son perentorios e improrrogables.
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La defensa alegó además que con el Acuerdo y Sentencia N° 72 del 22 de marzo de 2022, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazando la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio Público, “está claro que existen no solo indicios sino elementos de enjuiciamiento, pues la jueza ha actuado perjudicando el proceso y los procesados, y textualmente dicha acción señala que la magistrada ha incurrido en defectos graves”, según puntualiza el escrito.
Argumentos del tribunal para confirmar a la jueza de Garantías
Los camaristas concluyeron que el recurso es improcedente porque no se ha acreditado en forma clara y contundente alguna causal de excusación, de la establecida en el artículo 50, inciso 12 y 13, del Código Procesal Penal, que causen un agravio irreparable al recusante y ameriten el apartamiento de la jueza interviniente.
Al contestar la recusación planteada, Pedrozo indicó que el recusante miente al afirmar que la magistrada se aferra a la presente causa, ya que al haber sido recusada por el mismo abogado, en fecha 12 de diciembre de 2019, la misma se había inhibido en la presente causa.
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En ese sentido la jueza de Garantías recordó también que el magistrado Julián López había impugnado la referida inhibición, lo que desembocó en la confirmación por parte del Tribunal de Apelación competente, para que ella siga entendiendo en la presente causa penal.
FGE tendrá 10 días para acusar a Cucho Cabaña y Ulises
Una vez que el Tribunal de Apelaciones remita el expediente al Juzgado de Garantías, la jueza Alicia Pedrozo deberá emplazar a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de 10 días hábiles, presente acusación u otro requerimiento conclusivo en relación a los más de 20 procesados en la presente causa penal.
Esto teniendo en cuenta que la Sala Constitucional, integrada por los ministros César Diesel, Alberto Martínez Simón y César Garay (en disidencia), rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz en contra del Auto Interlocutorio N° 564 del 29 de noviembre de 2019, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, en la causa “Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y otros s/ Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340″.
El fallo de la Sala Constitucional señala expresamente que el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por el fiscal adjunto Marco Alcaraz no implica que el Ministerio Público haya perdido la oportunidad de formular acusación u otro requerimiento conclusivo.
Puntualiza también que, si bien a criterio del Tribunal de Apelación Primera Sala ya no podrá hacerlo por medio de la fiscalía ordinaria, sí lo podrá hacer por medio de la Fiscalía General del Estado, de conformidad al artículo 139 del Código Procesal Penal, de así decidirlo la titular de la misma.
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En el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal antidrogas Ysaac Ferreira, el 13 de setiembre de 2019, Cucho fue acusado por supuesto tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal; mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de presunto lavado de dinero y asociación criminal establecida en la ley de drogas.