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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por María Galván del Puerto, sigue dando señales de desinterés en transparentar sus acciones. No proporciona información a la ciudadanía a través de la prensa, no brinda entrevistas telefónicas ni presenciales, tampoco agenda una audiencia ni socializa resoluciones de la comisión en su web. De hecho, el último informe de gestión disponible en el citado portal data de 2012, hace una década.
Esta situación persiste a pesar de que en agosto último, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dirigida por el ministro René Fernández, evaluó su cumplimiento en Transparencia Gubernamental, según Ley N° 5282, y la calificó con cero. Se trató de un sumario abierto tras numerosas denuncias mediáticas sobre la falta de información relativa al plan de “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos. Senac confirmó los aparentes hechos de corrupción y ese dictamen es parte del legajo de documentos que dispone Fiscalía, que hoy investiga el caso.
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Tragamonedas
El 21 de abril pasado se promulgó la Ley N° 6903 que regula los tragamonedas del país, ratifica su prohibición en bares, despensas y otros comercios que son de libre concurrencia, para proteger a los menores de edad de la influencia de las máquinas y no desarrollen la adicción a las apuestas (ludopatía). Además, plantea nuevas disposiciones para combatir el lavado de dinero.
La normativa surgió en el Congreso ante la sospecha de que Conajzar creó una estructura para obtención ilícita de recursos y lavar dinero al “legalizar” tragamonedas, mediante un contrato directo con iCrop SA, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu.
Hasta hoy Conajzar no informa cómo queda ese plan, que al firmarse ya violaba normativa vigente sobre tragamonedas.
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Hombre fuerte de Ejecutivo busca zafarse del proceso
El Tribunal de Apelación 2° Sala, integrado por Gustavo Auadre, Bibiana Benítez Faría y Andrea Vera Aldana, resolvió rectificar el rechazo de la imputación que había resuelto el juez Humberto Otazú a favor de Raúl Mariano Silva Busto, como respuesta a la reposición planteada por la defensa del citado ciudadano. La decisión fue firmada el viernes último, 29 de abril, según el A.I. N° 100.
La medida favorece al exmiembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), sospechoso de cometer hechos de corrupción, y quien fue el gestor del vuelo que trajo insumos médicos chinos del caso Imedic, según había afirmado el parlasuariano Nelson Argaña.
La defensa, ejercida por Arturo Daniel y Rodrigo Yódice, consideró que la fiscala María Estefanía González, que lleva el caso, responsabilizó a Silva por decisiones de la Conajzar cuando su defendido ya no era integrante de la institución.
Daniel manifestó a ABC que la imputación no es clara en el lapso de tiempo y la participación de su cliente en los hechos, sino que sólo describe las irregularidades, mientras que sí precisa cuál es la participación de cada uno de los ocho imputados.
Al señalársele que las irregularidades relatadas en el acta de imputación son las que se buscan demostrar durante el proceso judicial, respondió que la imputación debe cumplir criterios mínimos, conforme a un instructivo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 30 de marzo del 2022.
“Quizás es una de las primeras decisiones basadas en esta guía emitida por la Corte. Las imputaciones deben cumplir criterios técnicos y claros para agilizar los procesos, o sino se le imputa a cualquiera por cualquier motivo”, afirmó. Añadió que ahora el juez, especializado en Delitos Económicos, debe cumplir la disposición y el Ministerio Público rectificarse o ratificarse, cumpliendo la guía de la Corte.
Los hechos investigados son “legalización” de tragamonedas (decisión de octubre de 2021); adjudicación de la quiniela a una firma morosa del Fisco (diciembre de 2020) y reducción del canon a concesionarias (marzo 2020). Silva fue integrante de Conajzar desde 20 de noviembre de 2012 al 3 de agosto del 2020.
