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El abordaje del Ejecutivo y del Legislativo al tema combustible luego de la escalada internacional de los precios que desataron los sucesos bélicos conocidos, fue desprolijo e irresponsable. Las disposiciones desencadenaron en una ola de desaciertos que concluyeron esta semana con otra burla a la ciudadanía.
Antes las presiones ejercidas por el sector transporte con el alza de lod precios de los carburantes, el Gobierno decidió aplicar subsidios a los precios del gasoil común y de la nafta intermedia de Petropar, generando una enorme distorsión en el mercado. La medida, que solo rigió algunos días, entre el 1 y el 12 de abril último, generó una sangría de G. 45.071.665.947 (US$ 6.677.283 al cambio actual) por la venta de 17.737.767 litros de gasoil, mientras que en el mismo lapso, debido al subsidio a la nafta se esfumaron unos G. 15.235.596.930 (US$ 2.257.125) por la venta de un total de 13.725.763 litros de nafta, totalizando entre ambos combustibles la friolera suma de G. 60.307.262.877 (US$ 8.934.409).
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Nueva ley
Luego del reciente levantamiento de esta subvención emergieron de nuevo las medidas de fuerza del sector camionero, a las que llamativamente se sumaron cuestionados sindicalistas de Petropar para apurar el tratamiento y aprobación de una nueva ley, que supuestamente permitiría reducir los costos de importación de los carburantes con la eliminación de la exigencia de presentar la declaración jurada de los directivos de las proveedoras extranjeras que suministren combustible a la petrolera estatal.
El lunes último se aprobó a tambor batiente en Senadores este proyecto, que sospechosamente sufrió una drástica modificación, ya que además de la eliminación de la presentación de declaraciones juradas, incorporó, de forma taxativa en el Art. 1, la exención a las proveedoras también de la aplicación de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. Esta exención elude todo tipo de control, ya que quedaría solo el de la Contraloría General de la República, que es absolutamente insuficiente, más aún a sabiendas de los robos que se registran en Petropar.
Facilitará negociados
Contrariamente a la muletilla en la que se sostienen algunos parlamentarios, que supuestamente “al eliminar la intermediación” en la provisión de combustibles a Petropar (el motivo inicial del proyecto de ley) se darían mejores precios, lo que es absolutamente falso, porque no será así. Son las mismas “traders” las que venden combustibles en los diferentes países y en realidad no hay mucha intermediación, salvo ahora que con el amparo de esta ley sancionada sí empezarán a aparecer como hongos. Tampoco la provisión de estado a estado es una garantía para conseguir mejor precio, como bien se demostró con las compras a PDVSA, sino todo lo contrario porque hubo numerosos casos de corrupción.
La venia que concedió el Legislativo para “abrir compuertas” de la estatal a más saqueos se reitera a pesar de los numerosos antecedentes registrados a lo largo de la historia de la petrolera. El ente llegó a facturar cifras siderales por obras fantasmas, tanto en su planta de Troche como en el de Villa Elisa; es la misma que históricamente no quiso transparentar su estructura de costos en todas sus administraciones y cuyo presidente actual Denis Lichi fue sorprendido cuando estaba a punto de ceder US$ 7 millones a favor de una firma argentina de maletín, en diciembre de 2020, luego de un raro pacto extrajudicial.
PDVSA
En tanto se aguarda la promulgación o veto del Ejecutivo de esta cuestionada ley sancionada el miércoles último, el senador oficialista Oscar Cachito Salomón, habló de la posibilidad de reanudar el nexo con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para “ver” la posibilidad de volver a comprar combustible de Venezuela, aprovechando la visita al país de diputados venezolanos, que vienen a tratar el ingreso de Venezuela al Parlamento del Mercosur (Parlasur).
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Recordemos, Petropar compró en el pasado más de 2,8 millones de m3 de gasoil a PDVSA. Gran parte de este volumenl fue suministrado desde el Río de la Plata por terceras empresas, como Petrobras (36%), Trafigura (24%), Glencore (12%) y otros proveedores (14%), mediante operaciones “swap” (permuta de commodities). Por lo tanto, que digan que se obtendrán menores precios si las negociaciones son de Estado a Estado es lo más falso que se pueda decir. Como se aprecia, en la gráfica que acompaña este texto, la evolución de los premios (margen de ganancia percibida por la proveedora) PDVSA facturó el mismo valor que las “traders” percibían, según los contratos vigentes en ese momento. O sea, no se dieron mejoras en el precio.
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Secreta deuda de operadores de Petropar
Para que el lector aprecie el festín que hay en Petropar, otra muestra es la sideral deuda que mantienen los operadores que portan el sello estatal, según datos internos del propio ente. Deben G. 236.310.794.765 (US$ 35 millones al cambio actual) hasta el 31 de marzo último, cifra que es mantenida en secreto. Se trata de unos 222 clientes, muchos de ellos sin ninguna garantía, entre los que se encuentran varios políticos que accedieron a la “actividad petrolera” durante el gobierno de Cartes. Así se manejan los fondos públicos en Petropar y con la reciente ley sancionada que “puentea” el control es un pasaporte directo a más latrocinios con la plata de esforzados contribuyentes.