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- ¿Cómo llegó Cecilia Pérez a ministra de Justicia y ahora a ministra asesora en Seguridad del Presidente sin ser política?
- Antes de ser ministra de Justicia yo estaba ejerciendo la profesión. Fui defensora pública. Estuve en el famoso caso Ycuá Bolaños en el primer juicio, aquel donde se tiraron con las sillas. Fue bastante desafiante. Luego salí de ahí y ejercí la profesión en forma particular. Hice consultoría en el ámbito penal. Tengo una maestría en Estados Unidos de América, en California y otro, en la Universidad del Nordeste, en Corrientes. Estando en ese rol me convocaron para ser viceministra en Política Criminal en el Ministerio de Justicia para trabajar en el esquema de la reforma penitenciaria entre 2016-2018. Por cosas del destino cuando continuaba mi trabajo en la reforma, el ministro (Ever Ovelar) tuvo un problema de salud. Renunció y me quedé en su reemplazo.
- ¿Cuál es su evaluación? Tres militares heridos por el EPP, tres policías muertos por narcos, sicariatos en Asunción como pocas veces se ha visto...
- Tenemos que hacer una discriminación entre lo que es la inseguridad ciudadana, callejera y los episodios puntuales que usted está mencionando. Lo del EPP es un esquema claro que tiene una problemática definida. Son delitos de terrorismo. Lo que sucedió con los policías está vinculado al crimen organizado. El tratamiento es diferente. No se puede tratar de igual manera el asalto de un motochorro que el crimen organizado propiamente.
- Y está el aumento de la delincuencia en el área metropolitana, el sicariato...
- Nadie puede decir que no existe. Ahora estamos incorporando más de 2.000 nuevos suboficiales que van a estar trabajando en el área metropolitana...
- ¿Dónde hay más criminalidad en Asunción y su área metropolitana?
- El Operativo Aguila se centra en Capital y Central. En Central hay lugares específicos: Ñemby, Limpio, Mariano Roque Alonso. Los recursos, personal, talento humano se van a ampliar a las ciudades más importantes del interior.
- ¿Los delincuentes son ocasionales en su la mayoría o son profesionales?
- Nosotros hicimos un trabajo con la Policía Nacional de los ingresos y las salidas del sistema penitenciario. En ese sentido tuvimos una disminución en cantidad de 1.000 a 1.500 personas aproximadamente privadas de libertad, hablando en cantidades generales. Cuando uno hace un recuento de la cantidad de ingresos y salidas resulta que ingresaron y salieron entre 12.000 y 13.000 personas y la población penitenciaria hoy es de 15.930. Es decir, estamos rondando las 16.000. Eso implica que hay una puerta giratoria en el sentido del sistema penal y penitenciario importantísima. Y es un reclamo de la propia Policía de que ellos hablan de reincidencias o de reingresos. Casi 80%, es reingresante. Ya tiene antecedentes. Otro factor importante que hay que tener en cuenta es que hay muchas causas abiertas pero muy pocas condenas, 28% de condenas. La duración excesiva de la prisión preventiva sin llegar a la condena, 72%, provoca muchas veces que se tenga que liberar a la persona cuando se cumplen ciertos plazos de la ley.
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- ¿Por qué se da tantas vueltas para una sentencia ejemplar?
- Son dos cuestiones que hay que entender, una es la necesidad de hacer modificaciones legislativas. Nosotros en este Gobierno ya habíamos planteado y se fue al archivo. Ahora, hemos decidido reflotar ese mismo procedimiento que nos va a ayudar en los casos de flagrancia. Cuando uno detiene a alguien en flagrancia ya tiene casi todos los elementos en el marco del proceso a la vista. Nosotros planteamos una ley que permita o que se exija que se acorten los plazos en estos hechos de flagrancia, inclusive que se permita negociar con mayor libertad como se hace en los Estados Unidos. Hoy nuestro sistema no da tanta posibilidad. Ese proyecto de ley también plantea que en ciertos casos se pueda llegar a un acuerdo. Hoy tarda cuatro años un juicio que puede terminarse en un año. En Estados Unidos todas las causas son negociables. Entonces si la persona se declara culpable, se negocia la calificación e inclusive la condena en cualquier tipo de hecho...
- Como dicen que pasó con nuestra diputada (Cinthia Tarragó) que acaba de volver deportada de Estados Unidos de América...
- Así mismo. Es una negociación que se hace sobre la base de elementos, de lo que se acepta de parte de la defensa. Todo está totalmente controlado por las partes en el proceso. También el juez tiene que aprobar. Eso también está aprobado en nuestro código, solo que se puede hacer con delitos menores. En nuestro proyecto, en caso de robo agravado, hasta de microtráfico, se puede llegar a una condena mucho antes para tener que llegar al juicio oral..
- Quiere decir que por cuestiones burocráticas no se condena...
- Estamos sometidos a un estado de derecho. No se puede sine die tenerle a una persona sometida a un proceso sin llegar a una condena. Nosotros tenemos que trabajar, no en liberar a todos sino hacer un sistema más eficiente para que esa tasa de personas privadas de libertad por prisión preventiva baje, y si hay mérito aumente la del condenado, porque el tratamiento penitenciario propiamente se tiene que hacer con la persona condenada. Durante el tiempo de privación de libertad esa persona tiene que tener condiciones dignas, cosa que sabemos que también es una deuda pendiente que se va a corregir cuando se habiliten los tres nuevos centros penitenciarios en el marco del esquema de la reforma: tratamiento sicológico, trabajo con la familia para una posterior reinserción social, educación, formación, inclusive el rol espiritual. Todo ese proceso se hace con las personas que están condenadas. Eso podemos hacer hoy solamente con el 28% de los presos.
- El juicio oral que se dijo que iba a reducir drásticamente los procesos, ¿no fue la solución entonces?
- No es que no fue la solución. El sistema se diseñó de una manera en la cual la cantidad de personas que lleguen a juicio oral no supere el 10 o 15%. También el Poder Legislativo tiene que involucrarse para contribuir a mejorar la eficiencia del sistema penal.
- Se habla mucho de reinserción, de ayuda sicológica, espiritual. Lo que necesitamos son condenas ejemplares. ¿A quién le importa en qué condiciones? Los delincuentes no pueden estar en un hotel cinco estrellas...
- Claro. Nosotros tenemos que discriminar lo que es el trabajo de los esquemas de máxima seguridad de lo que son mediana y baja seguridad. Estamos hablando de personas que pertenecen a grupos del crimen organizado. Estas personas tienen que estar en un esquema de aislamiento que difiere del tratamiento que se le tiene que dar al que robó una gallina. Ese es el plan que está siguiendo el Ministerio de Justicia.
- El mismo jefe de Policía reconoció que los delitos, incluidos estos casos de sicarios, están manejados desde la misma cárcel. ¿Es así?
- Por eso hablaba de la importancia de diferenciar los esquemas de máxima seguridad, de los de mediana y baja seguridad. Es muy importantes para avanzar en la reforma. Con las nuevas cárceles el esquema de la infraestructura es diferente. En el pabellón de máxima de seguridad las celdas son individuales. Las personas tienen un sistema de incomunicación de 22 horas. Solo pueden salir al patio dos horas al día para tener sol. Tienen patios individuales para evitar que en el mismo patio se estén comunicando con otras personas que puedan estar transmitiendo órdenes.
- ¿No es acaso una realidad que desde la cárcel se maneja el mercado de drogas?
- Esa es la información de la Policía. Hay que tener en cuenta que hay varios grupos, principalmente dos los que operan dentro de los centros penitenciarios y que tienen un enfrentamiento entre sí, el PCC y el Clan Rotela, que también operan desde afuera. Los esquemas internos no pueden estar descolgados de los externos y vice versa. Hay otra vez subdivisiones entre los grupos enfrentados.
- ¿Por qué no se puede cortar de raíz esas conexiones de la delincuencia que se manejan desde la cárcel? El sicariato casi no existía en Asunción.
- Teníamos hasta hace poco casos de sicariato en la frontera. Ahora está llegando a Central y Capital. No corresponde minimizar. Cortar de raíz implica mirar en nuestras propias filas. El propio Presidente nos reunió y nos dijo: “Cuiden sus filas, depuren su filas, dupliquen las medidas que van tomando dentro de sus instituciones”. El crimen es transnacional organizado. No estamos desconectados. No podemos trabajar unilateralmente. El trabajo tiene que estar coordinado, que en parte es lo que a mí me toca.
- ¿Cuál es la diferencia que hace El Salvador para tener éxito en el combate de esas pandillas de criminales?
- Para empezar no estamos ni somos El Salvador. Ese país tiene la mayor tasa de cantidad de personas privadas de su libertad cada 100 mil habitantes. Tiene una tasa espantosa de homicidios. El problema de las “maras” en El Salvador, Guatemala y Honduras no es todavía un problema que haya llegado al Paraguay, ni mucho menos.
- Un preso con pedido de extradición de Estados Unidos dijo que prefiere ir a una cárcel de Estados Unidos...
- Las autoridades de El Salvador racionalizan hasta la comida a medida que van aumentando las detenciones. No es la cuestión de detener a cualquier costo. Nosotros respetamos las normas del Estado de derecho.
- En nuestro país al preso no parece importarle ir a la cárcel. ¿Por qué no se puede racionar la alimentación para que sientan el rigor de la cárcel?
- Nuestro estado de derecho no nos permite. Estamos en un orden jurídico supranacional que tampoco nos permite. El sistema riguroso tiene que ser un sistema riguroso disciplinario con segregación de perfiles, como había dicho antes. Estamos hablando de diferenciar la cárcel entre el que hurta una gallina y el que lidera un grupo criminal organizado.
- ¿Cuál es el tratamiento que van a dar a ese atropello de barras bravas de un club a la sede del otro club el martes pasado? Una provocación. No había ningún Policía...
- Es una provocación y es grave. Sin embargo, en el último clásico la Policía tuvo un trabajo bastante efectivo en coordinación con la dirigencia de los clubes. El problema en la cancha y en los alrededores fue prácticamente nulo. Se están tomando las medidas. Tenemos un comandante de la Policía que hizo toda su carrera en el ámbito de la investigación. Hasta la Fiscalía tiene una unidad de prevención de este tipo de hechos pero deben necesariamente involucrarse los dirigentes. En el 90% de los casos se ha individualizado a los responsables. Este caso no va a ser la excepción. No va haber contemplaciones de ningún tipo.
- Una vendetta conduce a otra vendetta y es de nunca acabar como aquel famoso caso de Kentucky, los Hatfield contra los McCoy ((1863-1891). Es como una bola de fuego..
- Asimismo es. En el siguiente episodio va a haber otro episodio contrario y así. Es una historia que continúa. La única forma de acabar es con la identificación y el castigo de los responsables. Por eso es fundamental trabajar con la dirigencia de los clubes. Nosotros vamos a seguir trabajando sin descuidar por supuesto la instrucción del Presidente de depurar nuestras filas.
