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Ante la posibilidad de que Petropar compre combustibles del extranjero “puenteando” a la DNCP y considerando el riesgo de que esta empresa del Estado tenga habilitada una “canilla libre” a los negociados, como históricamente ha ocurrido, varias instituciones dependientes del Ejecutivo alzaron su voz de rechazo. Es que el Congreso sancionó esta semana la ley que exceptúa a las empresas del exterior, que participan en procesos de provisión a Petropar, del cumplimiento de la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas y de la Ley Nº 6355 sobre la presentación de declaraciones juradas de bienes y rentas.
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron ayer a ABC que la cartera había dado su visto bueno al proyecto de ley inicial, que sólo pretendía excluir a las proveedoras de combustibles de la exigencia de presentar las declaraciones juradas, con el objetivo de lograr una mayor cantidad de oferentes en los llamados a licitación de Petropar. Pero considerando el texto aprobado por el Parlamento, que les exonera también de la Ley Nº 2051, señalaron que su postura cambia, ya que esta cartera apunta a la mayor transparencia. En ese sentido, si se les pide un dictamen técnico, responderán a favor del control. Según la decisión política que tome el Poder Ejecutivo, dijeron, Hacienda hará recomendaciones que aseguren la transparencia y la competencia.
Pedirá veto “parcial o total” de la ley cuestionada
En tanto, el viceministro de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, fue más tajante aún.
Afirmó que si el proyecto de ley que tenía por objetivo abaratar precios de combustibles de Petropar para el consumidor final “sufrió modificaciones por el camino, que atenten contra estos principios básicos, recomendaremos el veto que permita corregirlo, ya sea parcial o totalmente”. El titular del MIC, Luis Alberto Castiglioni, se encuentra en misión oficial en Argentina y no respondió ayer las consultas sobre el tema, vía whatsapp.
A su vez, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, subrayó que al haber una modificación en el texto entre el proyecto inicial y el finalmente sancionado por el Congreso, se debe hacer un nuevo análisis. “Cambia mi postura respecto a recomendar y promulgar la ley. Tiene que ser objeto de otro tipo de análisis. No estamos ante el mismo texto”, dijo ayer.
Mario Abdo está advertido del grosero cambio
Apuntó que ya avisó al Poder Ejecutivo sobre dicha modificación. “Advertí la diferencia entre una versión y otra a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, para que tengan en consideración sobre la promulgación o veto”, expresó.
Pero pese a estos argumentos, que se suman a las de varios profesionales del derecho que se pronunciaron también en contra de la ley, el presidente Mario Abdo Benítez señaló que sigue analizando su decisión, aunque aclaró que cuando una iniciativa es sancionada por el Congreso “normalmente” no recurre al veto y agregó que dicha medida es “extrema”.
“Vamos a evaluar”
“Si no es un tema de principio, respeto la mayoría y el consenso; entonces, seguramente vamos a evaluar desde el Ejecutivo, pero en la mayoría de los casos, la herramienta del veto trato de utilizar de una forma extrema en respeto a las mayorías que se construyen en el Congreso”, declaró Abdo Benítez ayer de mañana cuando fue consultado al respecto. Brindó declaraciones a la prensa desde el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) en Villarrica, donde se encontraba para inaugurar obras.
Los proyectistas de esta ley fueron los senadores Enrique Salyn Buzarquis, Juan Afara, Javier Zacarías Irún, Arnaldo Franco, Rodolfo Friedmann, Amado Florentín, Óscar Salomón y José Ledesma.
Petropar “no puede” opinar
Después de haber defendido férreamente la ley sancionada, que supuestamente “eliminará la intermediación” en las compras de combustibles de Petropar y tras difundirse que al mismo tiempo “puentea” la ley 2051, las autoridades de la petrolera estatal se llamaron a silencio.
ABC solicitó ayer la versión oficial de la empresa pública, tras el escándalo del cambio de texto del proyecto de ley en dudosas circunstancias. Pero la respuesta a través de la dirección de Comunicación del ente fue únicamente que “se está evaluando con el Ejecutivo”.
El pasado jueves, cuando nuestro diario pidió una explicación sobre el tema, habían dicho: “Me explican que tenemos que esperar a que salga el Decreto Reglamentario de la Ley para finalmente entender bien qué establece la ley” (sic).
Aún no se confirma si el Ejecutivo vetará o promulgará la cuestionada ley.
Vallejo: “Damos carta libre”
La diputada Rocío Vallejo indicó esta mañana que el proyecto de ley sancionado en el Congreso, mediante el cual Petropar puentea a Contrataciones Públicas, fue modificado en el Senado. “Les damos carta libre”, cuestionó la parlamentaria.
En otro momento, comentó que a finales de 2020, cuando obtuvieron un informe de Petropar tras la administración de Patricia Samudio, los propietarios de estaciones de servicio que operan con Petropar debían a la petrolera G. 50.000 millones. “Y en algunos casos solo se tenían pagarés y algunos sin fechas de vencimiento”, cuestionó la diputada.
“A ellos ahora les damos carta libre, los que votaron a favor de la ley le dieron carta libre para comprarle a cualquiera, sin ningún tipo de control ni proceso que garantice al paraguayo que se estén haciendo bien las cosas”, cuestionó Vallejo en contacto con ABC.
Senado sabía del puenteo
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, argumentó que el proyecto de ley para permitir a Petropar comprar combustibles de forma directa, aprobado con modificaciones, busca igualar la competitividad de la empresa estatal con los emblemas privados.
El senador Salomón dijo que el objetivo de la propuesta es permitir que Petropar pueda hacer compras “de Estado a Estado” en vez de hacerlo mediante intermediarios. El fin es “poner a Petropar en la misma posición de competitividad que el sector privado”, ya que se aspira a bajar precios al consumidor, y así “ no hay otra forma”.
Consultado sobre quién concretó la modificación al proyecto, ahora cuestionada por el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dijo que la propuesta fue presentada por una docena de senadores, por lo que sería difícil identificar específicamente la alteración. Reconoció que todos sabían del cambio.
“Exijo que vete esta ley”
El senador Blas Llano (PLRA) recalcó ayer que el Ejecutivo debe vetar el proyecto sancionado que habilita a Petropar a realizar compras de combustibles y biocombustibles sin aplicar las disposiciones de la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas. Calificó de “manejo irresponsable” de la crisis por los carburantes.
Señaló que el presidente Mario Abdo Benítez debe vetar dicho proyecto debido a excepción de aplicarse la norma de compras públicas. “Le exijo al presidente Abdo Benítez que vete esta ley”, subrayó.
Agregó que considera que, ante estas irregularidades establecidas en la ley sancionada por el Congreso, un eventual veto del Ejecutivo tendrá acompañamiento en la Cámara Alta. “No teníamos conocimiento sobre este proyecto. Esa es la realidad. Inclusive, nos empezamos a preguntar de dónde viene ese proyecto. Ni siquiera eso estaba claro”, expresó.
Famosa excusa de burocracia
El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) se mostró a favor de sacar el trámite de las declaraciones juradas del proyecto de ley que permitirá a Petropar comprar combustibles sin intermediarios. También de puentear el trámite de Contrataciones Públicas.
El congresista argumentó que los procesos establecidos en la normativa de Contrataciones Públicas son burocráticos, situación que impide a Petropar aprovechar precios internacionales favorables, al igual que emblemas privados.
De esta manera, justificó el puenteo al control y transparencia en compras públicas, en alusión a que la petrolera estatal pueda contender en igualdad de condiciones con sus competidores del mercado, a pesar de que esto implique que se preste a maniobras corruptas. Sobre este punto, evitó opinar.
El senador solo insistió en los beneficios que implicaría la aplicación.
Ledesma: “Hubo consenso”
El senador Liberal José “Pakova” Ledesma, en comunicación con ABC TV, declaró que ante el cambio del proyecto sobre compras de combustible sin intermediarios y que permite el puenteo de Petropar a la DNCP, sancionado por el Congreso, se realizó con el fin de beneficiar a la población con la reducción del costo del hidrocarburo. “Hay que confiar en las instituciones y en las autoridades”, dijo, pese a los históricos hechos de corrupción en Petropar y la impunidad en Paraguay.
También dijo que “hubo consenso” de cambiar el proyecto de ley, no solo de los proyectistas sino también de otros legisladores, incluyendo al titular del Congreso, Óscar Salomón. “Tenemos que confiar en las instituciones y, en el caso de que haya alguna irregularidad, las instituciones actuarán. Para eso estará el informe que hará Petropar al Congreso y a la Contraloría”, manifestó nuevamente.
Es una “licencia para robar”
El economista Víctor Pavón afirmó que así como el personaje de novelas y películas James Bond tenía una licencia para matar, el Congreso otorgó a Petropar una “licencia para robar” al aprobar que la petrolera estatal no sea sometida al control de Contrataciones Públicas.
“Así como el agente 007 tenía licencia para matar, en este caso el Congreso dio (a Petropar) una licencia para ganar dinero para los operadores políticos del partido en función, para que de esta manera se sobrecargue nuevamente a los usuarios. Es muy delicado”, afirmó.
Añadió que esta situación “es el preludio de un gran negociado”, ya que al exceptuar a la petrolera estatal de que se someta a la normativa de compras públicas “se están relegando muchos avances en cuestiones de declaraciones juradas, transparencia y competencia, y es absolutamente inconstitucional, se viola la libre concurrencia”, dijo.
Privados usan intermediarios
Desde la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) se mostraron “cautelosos y temerosos” ante el “puenteo” de Petropar a la Dirección de Contrataciones Públicas en la compra de combustibles. Según expresó uno de los miembros del gremio, Víctor Yambay, el Gobierno debe explicar bien los “alcances” del proyecto de ley.
Señaló que la compra de combustibles sin intermediarios finalmente no brindaría un mayor ahorro, indicando además que esto podría implicar una logística mucho mayor por parte de la petrolera estatal.
“Si el sector privado, que es más ágil que el público, sigue utilizando compras con intermediarios, es por la logística. Acá no hay magia alguna, es el precio internacional”, refirió.
Asimismo, Yambay especificó que en el mercado de combustible todo se da “al contado y por adelantado”, por lo que señaló que en la compra sin intermediarios podría haber un riesgo de depositar sumas millonarias de dinero sin saber específicamente a quién o a qué refinería.
De esta manera, echó por tierra el discurso en contra de la intermediación que se instaló en el ámbito parlamentario, principalmente, para aprobar la peligrosa ley.