Cargando...
Quizás la realidad supera la ficción. El economista Víctor Pavón comparó la “licencia para matar” que tenía el personaje de películas y novelas identificado como James Bond, el agente encubierto “007″ al servicio secreto de inteligencia británico, con la autorización que senadores y diputados de que Petróleos Paraguayos (Petropar) pueda comprar combustibles y biocombustibles sin control de Contrataciones Públicas.
“Así como el agente 007 tenía licencia para matar, en este caso el Congreso dio (a Petropar) una licencia para ganar dinero para los operadores políticos del partido en función para que de esta manera se sobrecargue nuevamente a los usuarios. Estamos ante una situación muy delicada”, afirmó.
Añadió que esta situación “es el preludio de un gran negociado”. Argumentó que al exceptuar a la petrolera estatal de que se someta a la normativa de compras públicas “se esta haciendo relegando muchos avances en cuestiones de declaraciones juradas, transparencia y competencia, y es absolutamente inconstitucional, ya que se viola lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Nacional, que habla de la libre concurrencia”, sostuvo.
“El Paraguay ya es conocido en Latinoamérica como un país corrupto. Ahora tenemos un apañamiento de corrupción e impunidad avalado por un proyecto de ley sancionado. La propia ley te apaña y convalida la corrupción”, recalcó.
Diputados ignoraron advertencia de dos colegas
El Congreso “vendió” la idea de que se abarataría el precio del combustible al consumidor final al eliminar los intermediarios en compras de combustibles y biocombustibles de Petropar, mediante la anulación de exigencia de declaraciones juradas de los proveedores de suministros. Sin embargo, lo aprobado en Senado no fue sólo eso, denunciaron los diputados Celso Kennedy y Rocío Vallejos durante el tratamiento en la Cámara Baja.
Lea más: Diputados advierten que Petropar busca "puentear" a Contrataciones Públicas
Pese a la gravedad de la denuncia, sus colegas continuaron con el debate y aprobaron el polémico proyecto de ley. Ahora, la última palabra la tiene el Ejecutivo, si veta o promulga lo decidido por el Congreso.