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Mediante AI N° 58, un Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, departamento de San Pedro, integrado por los jueces Agapito Núñez, Karina Elizabeth Von Tumpling de Sosa y Guido César Marecos, resolvió que el juicio por estafa a César David Legal González y José Walberto Gaona Paredes, funcionarios de la sucursal del BNF de Santa Rosa del Aguaray, debe volver a hacerse.
Esto en base a un recurso de reposición y apelación subsidiaria que interpuso la defensa de los dos enjuiciados, los abogados Arnaldo Daniel Benítez y Nicolás Ulises Brítez, contra la resolución emanada por el citado tribunal de fecha 21 de abril de 2022.
En tal sentido, el colegiado resolvió la interrupción del juicio oral y público por estafa a César Legal y José Gaona, la revocación de la resolución del 21 de abril y la remisión del expediente al Juzgado de Coordinación de San Estanislao para que se integre un nuevo Tribunal para entender el caso.
Causas de la suspensión del juicio
Los abogados de la defensa recusaron al pleno del Tribunal de Sentencia, el 11 de abril pasado, lo que ocasionó la interrupción del juicio y fue cuestionado por el fiscal Luis Piñánez, pues el incidente subió a la Cámara de Apelación, que debía resolver dentro de los 10 días corridos, señalados como el plazo máximo para la interrupción de la audiencia.
Al décimo día, la Cámara emitió su resolución y de la misma fue notificado el Tribunal al día siguiente, el 22 de abril, fecha en que convocó para el 25 de abril a la audiencia de reposición con apelación subsidiaria. Esta se sustanció a las 7:45 de ese día.
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La defensa de Legal y Gaona planteó dos razones: “Una es que el Tribunal de Sentencia ha dispuesto la prosecución del proceso señalado no estando firme la resolución de Cámara que justamente está siendo objeto de recurso” y la segunda: “Creemos que de seguir en este proceso se viciaría de nulidad porque los plazos son perentorios e improrrogables y ya han pasado más de 10 días desde la última fecha que se sustanció este juicio”.
Por su parte, el fiscal del caso, Luis Piñánez, señaló en dicha audiencia sobre los agravios de la defensa: “Nosotros nos oponemos considerando que no existe recurso ordinario o extraordinario que hable de la decisión o no en relación al estudio de una recusación”.
Consultado sobre la cuestión, el fiscal Piñánez respondió: “La resolución de la Cámara señalaba que no tiene más la parte perdidosa ningún tipo de recursos posteriores, es decir, era totalmente improcedente, sin embargo, en cuanto a la extemporaneidad del plazo sí lamentablemente el Tribunal de Sentencia convocó a continuación de juicio oral y público sobrepasando los 11 días corridos”.
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Disparidad de criterios
Piñánez manifestó que existió una disparidad de criterios, porque la defensa sostenía que el juicio debía iniciarse desde cero y que se envíe a coordinación para que se sortee un nuevo tribunal, sin embargo, “nosotros sostuvimos que si bien correspondía revocar la providencia que resolvía la continuidad del juicio, esa decisión debía ser revocada, y que el tribunal convoque a las partes, pero para reiniciar el juicio”.
Para la Fiscalía, ese mismo Tribunal debía comenzar de cero el juicio, porque solo entendió hasta el análisis de los incidentes, “porque no existía ningún obstáculo legal para que ese mismo tribunal tome la decisión del reiniciar el juicio pues hasta el momento no se toco el fondo de la cuestión”.
“Lamentablemente, el tribunal tomó una postura diferente, revocó la providencia, ordenó la realización de un nuevo juicio, y que sea con otro tribunal porque se consideraron que preopinaron”, expresó Piñánez.
Estafas a través de préstamos del BNF
De acuerdo con los antecedentes, entre 2011 y 2013, la sede del BNF de Santa Rosa del Aguaray otorgó créditos agroganaderos por valor de G. 3.790.240.000 a 72 personas que no cumplían los requisitos mínimos para acceder a esos préstamos.
En ese sentido, según la pesquisa fiscal, los funcionarios del BNF en connivencia con terceros convencían a los solicitantes para que pidan créditos. Luego, falseaban los datos de los beneficiarios para que “cumplan” los requisitos y al momento de la aprobación y entrega del dinero, los beneficiarios recibían un monto menor al que figuraba en los papeles.
La Fiscalía señaló que mediante ese método, el los funcionarios se quedaba con una parte por “hacer la gestión”. Así, se señala que en uno de los casos, a nombre de Wagner Rodríguez Montero salió un préstamo del BNF por G. 80 millones, de los cuales, el grupo se quedó con G. 17 millones.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Guido Adilson Jara G., representante legal del BNF, después de que el mismo haya accedido a informaciones sobre una auditoría especial practicada a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.