Funcionarios de la Cancillería reiteran rechazo a la ley del servicio diplomático

Este viernes, en sede de la Cancillería Nacional, funcionarios de la institución reiteraron su rechazo al proyecto de ley del servicio diplomático, que busca derogar la ley diplomática 1335/99. Desde la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática (ADEP) advierten que dicha normativa permitirá el ingreso masivo de funcionarios a los escalafones de la Cancillería, que implicaría un costo de US$ 2,5 millones anuales al Estado.

Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, palacio Benigno López.
Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, palacio Benigno López.Aníbal Velázquez

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Miembros de la ADEP expresaron su rechazo al proyecto de ley del servicio diplomático, que cuenta con media sanción del Senado y está en estudio en Cámara de Diputados.

El reclamo de los funcionarios coincidió con la ceremonia de despedida de Euclides Acevedo quien deja la titularidad de la institución para dedicarse de lleno a su carrera por la presidencia de la República.

“Es muy grave y estamos muy preocupados”, señalaron desde la organización.

El polémico proyecto pretende eliminar el concurso de oposición para la designación en cargos diplomáticos, una propuesta impulsada por la senadora Lilian Samaniego.

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En Diputados, el documento fue girado a comisiones y estas recomiendan al pleno aprobar con modificaciones aunque no existe consenso sobre este punto.

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El proyecto

Son 136 artículos los que hacen parte del proyecto de ley del servicio diplomático. Uno de los puntos más polémicos de la norma hace referencia a habilitación al Poder Ejecutivo para incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a funcionarios permanentes que cumplen funciones en la Cancillería o en el exterior, basado en la propuesta de la Junta de Calificaciones.

Desde la ADEP señalaron que los políticos buscan cupos para acceder a cargos diplomáticos, lo que es una vulneración a la formación profesional, permitirá el ingreso masivo de funcionarios y también dará espacio a que se hagan campañas proselitistas en el exterior con dinero público.

También mencionaron que la incorporación de los nuevos funcionarios acarreará un gasto al Estado de US$ 2,5 millones anuales.

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