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El Congreso sancionó el miércoles pasado, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que exceptúa de la obligación de presentar declaraciones juradas a empresas extranjeras proveedoras de combustible, lo cual facilitaría a Petropar la compra directa; es decir, sin intermediarios.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que hubo una modificación en el texto entre el proyecto inicial y el finalmente sancionado por el Congreso. “El texto en el Senado y que fue remitido a Diputados no habla solamente de eliminar obligatoriedad de declaración jurada, sino que, con una mala redacción, proveedores de Petropar están exonerados de la Ley 2.051 (de Contrataciones Públicas)″, declaró.
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Agregó que, con la excepción del cumplimiento de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas, se libera a los proveedores de licitaciones internacionales del control de la DNCP.
“Según lo aprobado, lo que dice la ley sancionada es que se exonera a proveedores de licitaciones internacionales en el cumplimiento de la Ley 2.051. No tiene la redacción original de la obligatoriedad de la declaración jurada”, remarcó.
Advirtió al Ejecutivo
Seitz había recomendado que el proyecto presentado inicialmente no derive en un “puenteo” a Contrataciones por parte de Petropar. Sin embargo, indicó que con lo sancionado “cambia mi postura respecto a recomendar y promulgar la ley. Tiene que ser objeto de otro tipo de análisis. No estamos ante el mismo texto”. En ese sentido, indicó que deberá realizar una evaluación minuciosa para ver el alcance de la normativa sancionada.
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Así también, señaló que ya advirtió al Poder Ejecutivo sobre la modificación que se produjo en la normativa. “Advertí la diferencia entre una versión y otra a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, para que tengan en consideración sobre la promulgación o veto”, expresó.
Comentó que, incluso, conversó con el titular de Petropar, Denis Lichi, y este manifestó su sorpresa con respecto a la diferencia entre lo proyectado y lo finalmente sancionado por los legisladores.
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Desde el entorno del presidente Mario Abdo Benítez aún no se pronunciaron con respecto a una eventual promulgación o veto de la ley sancionada. La aprobación en el Congreso de dicha normativa permitió que los camioneros cesen en sus movilizaciones, ya que era una exigencia del gremio de transportistas y otros que se sumaron a las protestas por la crisis de los combustibles.