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Con 11 votos en contra, 9 a favor y 1 ausente, los ediles departamentales habían rechazado la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Caaguazú, ante sospechas de irregularidades. El principal cuestionamiento radicó en la transferencia de más de G. 4.000 millones a favor de la Comisión de Fomento y Desarrollo Departamental, que es presidida por un joven de tan solo 22 años de nombre Víctor Manuel Burgos, y que, a la vez, tiene como tesorero a Reinaldo Duarte Casco, quien es hermano del asesor contable de la entidad, Herminio Duarte Casco. De la misma forma, otro punto en cuestión fue la compra de más de 140 ataúdes a un costo de G. 6 millones cada uno.
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El gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos Medina (PLRA), dijo que tanto las entidades municipales como gubernamentales requieren de una comisión de desarrollo y fomento para poder trasferir recursos e invertir en lugares cuyas poblaciones no tengan forma de organizarse. Aseguró que no sabe si se puede cuestionar la edad de un presidente de comisión y que todo se hizo en forma legal para el beneficio de muchas comunidades. En cuanto a las compras de cajones mortuorias, dijo que las adquisiciones fueron a ese precio porque eran ataúdes selladas que fueron hechas especialmente para los fallecidos por covid-19.
Sobre el parentesco que existe entre miembros de comisiones y funcionarios de la Gobernación, Ríos Medina dijo que los trabajadores en cuestión no son funcionarios de la entidad, sino contratados para cumplir labores específicas. También comentó que él no puede estar controlando quiénes son las familias de los beneficiados por la Gobernación.
Por último, aseguró que los ediles obraron de manera incorrecta y que el rechazo de la ejecución presupuestaria no corresponde. Aseguró que la ratificación del rechazo tenía que haber sido con 14 votos en contra de los 21 posibles, y no con los 11 votos con los cuales se pronunció la entidad contralora. Añadió que la dirección de Asesoría recomendó sacar una resolución en la se invoque el Artículo 44 de la Carta Orgánica Gubernamental, en la cual habla claramente sobre la situación y dar por aprobada la ejecución presupuestaria.
El tema de la Gobernación de Caaguazú se podría agudizar y si existen dos resoluciones opuestas, el caso podría ser llevado a la justica para que un juez se pronuncie sobre la situación.