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Finalmente, el exsenador Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez dio la salida que no se animaban a dar la mitad de los miembros del Consejo de la Magistratura, en un conflicto que obligó a paralizar el pasado lunes el inicio de la etapa de audiencias públicas para cubrir las vacancias de ministros del TSJE dejadas por Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (Independiente) por cumplimiento de la edad límite establecida en la ley.
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En representación del gremio de abogados, Jorge Bogarín Alfonso, los representantes de las universidades José Raúl Torres Kirmser (nacionales), César Ruffinelli (privadas) y el diputado Roberto González (ANR, oficialista) habían intentado validar su postulación pese a que “Ancho” Ramírez presentó a destiempo la constancia de su matrícula como abogado y poseer otras dos impugnaciones en su contra.
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“En las últimas semanas, la conversación generada alrededor de mi postulación ha escalado y producido diversas posiciones, fundamentadas y discordantes, acerca de la validez de la misma. Esto, por su parte, ha acumulado una enorme presión política y mediática sobre la labor del Consejo de la Magistratura, y generado obstáculos a la prosecución del trabajo de selección”, reconoce Ramírez en una parte de su renuncia, argumentando la decisión asumida.
Otro candidato, Marcial Cantero renunció a su postulación a modo de protesta por la manera en que intentaban incluir, “por la ventana”, al exsenador llanista entre los postulantes.
El afán de Ruffinelli, Bogarín Alfonso, Torres Kirmser y González dañó fuertemente la credibilidad en el proceso de selección, siendo frenados en su intención de validar la candidatura de Ramírez únicamente por la postura firme del presidente del Consejo, Óscar Paciello, el ministro de Corte, Eugenio Jiménez, la representante del Ejecutivo, Mónica Seifart y el senador Pedro Santa Cruz (PDP), que se plantaron en defender la postura de descalificar a Ramírez.
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El exsenador llanista no sólo no presentó en el plazo establecido en el reglamento de la convocatoria su constancia de matrícula de abogado, sino que también fue impugnado por dos personas, ya que presuntamente no cumplía con los 10 años mínimos de ejercicio de la abogacía o la docencia que exige la Constitución para ocupar el cargo de ministro del TSJE.