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- ¿En qué consiste la ley modelo que propone al Congreso para proteger el trabajo de los periodistas?
- Desde la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe (Socolac), de la cual soy vicepresidente, estamos promoviendo una ley modelo de protección de periodistas que sea adaptada a la Constitución y las leyes de los distintos países del continente. Lo hacemos después de haber trabajado 10 años con el plan de acción de Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas.
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- ¿Qué los mueve a reforzar las leyes que ya existen?
- Entendemos que con más de 1.500 periodistas que han sido muertos, asesinados, entre el 2013 y el año pasado en el hemisferio (...) En los últimos ocho años hubo 800 periodistas asesinados, en Paraguay 20 tenemos registros de 20 asesinatos en 30 años (...) Es necesario tener una ley no solo de protección de periodistas sino que sea del tipo integral. Hay que tener en cuenta que detrás de cada periodista que es asesinado hay toda una familia que queda sin protección, en algunos casos condenada a la pobreza. Propiciamos que los Estados se hagan cargo de entender que es necesario que los periodistas tengamos un entorno seguro para poder trabajar. El periodista como institución es uno de los pilares del sistema democrático. Si no tenemos acceso a la información, si no podemos contar lo que está pasando, obviamente estamos en una situación que hace que se pierda la fortaleza del sistema.
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- ¿En qué instancia presentaron el proyecto?
- Con la ayuda de representantes de IDEA (Instituto de Derecho y Economía del Paraguay), de gremios y organizaciones del sector (Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos y otros), hemos encontrado buena receptividad en el senador (Tony) Apuril, presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado. Este mismo proyecto de ley está con estado parlamentario en Chile. En Uruguay también hicimos una presentación...
- ¿Qué plantea la ley?
- Este proyecto tiene 18 artículos. Establece una nueva definición del trabajador de las comunicaciones, abarca hasta a fotógrafos, camarógrafos, inclusive choferes que están al servicio de las misiones periodísticas. Acuérdese del caso de aquel equipo periodístico completo que fue asesinado en Colombia. Demandamos también que haya una protección especial para los casos de conflictividad social, como pasó en Chile hace 25 meses.
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- ¿Qué hubo ahí con periodistas?
- Cuando la gente salió a la calle a manifestarse, hubo por lo menos 300 ataques de fuerzas de seguridad contra periodistas, algunos de ellos con abuso sexual sobre colegas que estaban haciendo cobertura de las movilizaciones. Solo hay tres casos en los cuales la justicia ha tomado alguna determinación. A eso hay que agregarle también que en los últimos años hay un discurso antimedios que baja desde los Gobiernos y que muchas veces afecta a los periodistas que están trabajando en la calle.
- Hay una nueva modalidad. Agreden directamente a los que tienen una cámara o están identificados como periodistas...
- En cualquier manifestación sencilla viene de repente un extraño y le golpea impunemente. Los Estados tienen que tener a la vista estas experiencias para contribuir a prevenir la violencia contra los periodistas. Procuramos establecer la obligación de respetar el derecho de los periodistas y los trabajadores a preservar sus fuentes de información. En algunos países eso ya está establecido constitucionalmente.
- En Paraguay...
- Ningún juez puede obligar al periodista a develar su fuente. Hay países donde se han establecido leyes para proteger a periodistas, pero se los obliga por ejemplo a ser acompañados de un custodio. Y eso evita tener contacto con la fuente. La fuente no quiere hablar delante del custodio. Buscamos garantizar además que no haya impedimentos para que los periodistas tengan acceso a la justicia. Requerimos, por otra parte, que las mujeres periodistas tengan un estatus especial de seguridad atacadas con abusos que tienen que ver con la violencia de género. Los periodistas formamos parte de un grupo de riesgo muy vulnerable. Usted puede salir de su oficina y alguien le puede pegar un tiro en la calle por una noticia que molestó a alguien...
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- Qué básicamente debe decir la ley de protección de periodistas...
- Los periodistas somos básicamente trabajadores. Si un trabajador de cualquier rubro tiene protocolos de seguridad que debe cumplir quien lo contrata, sea en forma constante o en forma ocasional, el periodista también tiene derecho a medidas de seguridad, como el limpiavidrios del edificio que limpia las ventanas del piso 14. La Policía en un caso de conflictos urbanos no puede ser simplemente aquella que viene a pegarnos un palazo, a tirarnos gases o a llevarnos presos. Por el contrario, tiene que garantizar que podamos registrar imágenes, hablar con las partes involucradas y reproducir en nuestros textos lo que está sucediendo, contar lo que pasa, darle voz a los que no tienen voz. Tengamos a la vista que la carta de los derechos humanos vigente desde hace 70 años claramente favorece la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo mismo la convención americana, el Pacto de San José de Costa Rica. La agenda 2030, en su objetivo de desarrollo sustentable número 16, habla de sociedades pacíficas, con justicia y medios independientes. Para que haya medios independientes tenemos que trabajar con cierto grado de seguridad. Y ese marco de seguridad es el que nos permite acceder a las fuentes sin tener que mandar a las fuentes al frente.
- ¿Quiénes son los que matan a periodistas?
- Hay grupos militares, grupos parapoliciales, grupos paragubernamentales, hay sicariato. Los sicariatos se manejan desde las organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad: narcotráfico, tráfico de armas, trata de mujeres, de niños, de hombres, esclavitud sexual, gente que no quiere que la sociedad sepa lo que están haciendo y entonces matan a periodistas.
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- ¿Quiénes son los que más matan a periodistas?
- Yo le puedo decir dónde más matan periodistas: México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Tenemos en Cuba situaciones que van más allá del delito capital que es el de quitar la vida. Están los encarcelamientos, los secuestros. Nadie sabe dónde están ni por qué desaparecieron. Hay otro punto que tiene sentido destacar: cuando se investigan las muertes de periodistas hay un dato primario en cualquier investigación que es preguntarnos en qué estaba trabajando la víctima, por qué lo mataron. Esto no siempre el Ministerio Público lo hace. Se investiga como cualquier homicidio, femicidio y no se investiga mucho más allá. Hay un dato conmovedor: mientras que en Ucrania, con motivo de la Guerra sabemos que oficialmente hay más de una decena de periodistas muertos, en México, en 9 semanas este año, hay una decena de periodistas asesinados.
- Hacia adónde hay que apuntar más la investigación...
- Los fiscales son los que tienen que investigar. El primer paso es preguntar qué investigaba el periodista asesinado para que lo hayan asesinado. Qué preguntaba, a quiénes entrevistaba, qué quería saber. Quería saber de drogas, quería saber de armas, quería saber de tráfico de mujeres, de tráfico de niños... Son preguntas que habitualmente no suele hacerse.
- ¿Dónde hay más sospechas, en el Gobierno, el narcotráfico...?
- Reporteros Sin Fronteras tiene una suerte de estadística muy clara donde se encuentran...
- ¿Dónde?
- México es el país donde más tenemos periodistas asesinados. Parecería que en México los sicariatos responden a las grandes organizaciones narcocriminales. La Unesco tiene un observatorio de crímenes contra periodistas que también está en línea (internet). En Paraguay, ustedes tienen una mesa coordinadora de seguridad para periodistas donde convergen las organizaciones sindicales, Policía, fuerzas de seguridad, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, las organizaciones de trabajadores, JOPEP, y tiene a su vez un observatorio donde se hace un seguimiento de mucha precisión y paso a paso del curso que siguen las investigaciones en la justicia.
Hay organizaciones como IDEA, que no necesariamente tienen que ver con el periodismo, que comenzaron a trabajar intensamente en verificar los problemas que se generan para el acceso a la información pública, para la protección de la libertad de expresión, para la protección de los periodistas y del derecho de opinión. Tenemos en el sistema interamericano dependiente de la Comisión Interamericana la relatoría especial de libertad de expresión que conduce el colombiano Pedro Vaca. Los casos llegan al análisis de la Corte Interamericana, que en los últimos meses del año pasado sacó una sentencia histórica después de 20 años de que fuera secuestrada, abusada, agredida y abandonada la colega Ginet Bedoya Lima, de Colombia.
- ¿En qué terminó?
- En la condena al Estado de Colombia como responsable de las agresiones que sufrieron los periodistas por fuerzas paragubernamentales.
- ¿Cuándo cree usted que se reprimía más periodistas, en tiempos de la dictadura o en la post dictadura?
- Hasta este año hay 1.500 asesinados como le dije, de 2013 a esta parte. Yo no creo que sea efectiva una comparación. Los riesgos del internet en la actualidad tienen que ver con el espionaje. El programa Pegasus por ejemplo ha hecho mucho ruido en los últimos meses, un adelanto tecnológico que solamente pueden comprar los gobiernos. Hace unas semanas, en El Salvador, los compañeros de una publicación que se llama El Faro revelaron que sus proveedores de servicios telefónicos móviles les informaron que eran espiados vía Pegasus. El único que lo puede hacer en El Salvador es el Gobierno. Pero esa es justamente una información reservada, que no se tiene.
- ¿Cómo se haría efectiva esta ley?
- No es novedoso matar a nadie. Caín lo hizo con Abel. Hace muchos años, cuando no existía la figura del femicidio, a todo se le llamaba homicidio. No quiere decir que se haya agregado el delito de femicidio. Lo que se hizo fue agregar figuras específicas para dar protección a víctimas potenciales o reales de delitos concretos... Hay que empezar a trabajar con figuras. El sistema democrático es algo dinámico. Los códigos son dinámicos y tienen que ir actualizándose.
La Unesco con la CIDH desde hace muchos años hacen cursos de capacitación para operadores de justicia precisamente para explicarles cosas como esta que tiene que ver con el derecho al acceso a la información pública, el derecho de investigar, de publicar, de contar lo que está pasando. Esas son cosas que, si bien están vinculadas con la Carta de Derechos Humanos de hace 70 años, hoy ameritan ser investigadas de otra manera porque tienen otras características.
- Se ha visto últimamente una hostilidad de gobernantes contra los periodistas: López Obrador, Trump, Bukele; sucede en Nicaragua, en Cuba. ¿Incide en la violencia contra los periodistas?
- Si. Sucede bastante. Cuando estamos cubriendo una manifestación en la calle y la gente se está manifestando se pega a periodistas. Los representantes del Estado no pueden hacer discursos estigmatizantes, como “estos periodistas van contra de la gente”. No. Eso es lo que genera situaciones de tensión, cuando viene de arriba. Esa es una de las figuras que queremos que los Estados incorporen a sus legislaciones porque son los actos de criminalidad que se instigan y se incitan para que haya discursos antimedios. Pasa cotidianamente. Nos podemos ligar un cachetazo, un piedrazo. El Estado tiene la obligación de evitar ese tipo de estigmatización no solo hacia periodistas, sino hacia cualquier grupo social.
Nosotros básicamente llevamos esta propuesta al Parlamento, con el acompañamiento de organizaciones de trabajadores de prensa del Paraguay. Estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de países posibles. Hay un antecedente valioso que es el proyecto de ley modelo para la protección de los promotores y defensores de DD.HH. que ya está en plena vigencia. Hay países que ya adoptaron esa legislación y funciona perfectamente bien. El proyecto de ley modelo de acceso a la información pública se aprobó en Naciones Unidas hace una década. En nuestra región rige en 32 países.