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Este martes, los cinco dirigentes gremiales camioneros que fueron imputados por el Ministerio Público por un supuesto intento de extorsión al Gobierno en el marco de las protestas por la crisis de los precios de combustibles fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para guardar prisión preventiva.
Hasta hoy, Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, imputados por presunta extorsión, estaban recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Los cinco transportistas están acusados de haber exigido al ministro del Interior, Federico González, un millón de dólares a cambio de no realizar nuevas manifestaciones con cierres de ruta durante lo que queda del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
Todos ellos fueron detenidos el pasado 13 de abril luego de una reunión entre Zaracho y el ministro González, en la que el primero supuestamente recibió US$ 50.000 en efectivo –en una entrega controlada por el Ministerio Público con autorización judicial- como adelanto de un pago total de US$ 300.000 acordado entre ambas partes.
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Desde su detención, los camioneros y sus abogados alegan la inocencia de los imputados.
El pasado lunes debía realizarse una audiencia de entrega de pruebas por parte de la Fiscalía al juez José Agustín Delmás, pero la diligencia fue suspendida luego de que la defensa de los imputados presentara una apelación.