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El ministro del Interior, Federico González, alegó hoy que no puede publicar información, videos, datos, detalles sobre el caso de denuncia sobre supuesta extorsión de los camioneros para dejar de cerrar rutas, porque iría contra la legislación actual. Dijo que él no inventaría “algo así” y que no va a mentir.
“Esto es parte de un proceso penal regido por el Código Procesal Penal. No es un juicio mediático, no es una cuestión en la que las pruebas deben ser exhibidas a la prensa o a la opinión pública. Si bien, con todas las dudas y los cuestionamientos que se están sembrando, podría ser útil tal vez, pero yo no puedo hacer una cosa en violación a lo que está establecido en el Código Procesal Penal”, manifestó hoy González, abordado por los periodistas.
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“Esas pruebas fueron obtenidas en mi despacho, en mi presencia y con los representantes de los gremios de los camioneros, por disposición judicial, por una orden de un juez competente. En el despacho contiguo al mío estaban tres fiscales, fueron sus equipos los que obtuvieron las pruebas. Al culminar esas reuniones, ellos llevaron sus equipos con las pruebas contenidas en los mismos. Ellos tienen esas pruebas y van a presentarlas en el estadio procesal correspondiente dentro del juicio penal que se está llevando adelante”, añadió.
González reafirmó que los camioneros quisieron extorsionar al Gobierno para despejar las rutas, incluso durante todo el gobierno de Mario Abdo Benítez. Para ello pidieron US$ 1 millón, supuestamente.
Abdo propuso denunciar
El ministro dijo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estaba al tanto de todas las reuniones con los representantes de los camioneros y que en todo momento afirmaron desde el Gobierno que la negociación en lo que respecta a monto era “imposible”.
“A mí lo que me correspondió como funcionario público y como ciudadano de bien es realizar la denuncia por instrucción del Presidente de la República, la denuncia de un proceso de extorsión al que estaban siendo sometidos el Presidente de la República, yo y, por ende, el Estado paraguayo”, señaló.
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“Realicé la denuncia con la fiscala general del Estado, ella encargó el caso a tres fiscales, con ellos se efectuó la obtención de pruebas y son ellos los que tienen todas estas grabaciones y videos y están expuestas, a disposición de las partes”, dijo.
No publicaría las pruebas
González alegó que la defensa de los camioneros tiene acceso a esas pruebas, y que si ellos quieren publicarlos, los va a respetar. “Pero quiero que quede claro es que este es un proceso judicial, una causa penal, las pruebas fueron obtenidas por disposición judicial y con acompañamiento presencial del Ministerio Público. No tengo las pruebas conmigo, si las tuviese, tampoco podría entregarlas porque estaría violando la legislación vigente”, afirmó.
“Si me preguntan si entregaría las pruebas, tal vez no las podría entregar, pero mi postura es que sí porque tanta es la duda que surge. ¿Ustedes piensan que yo en mi sano juicio voy a inventar una cosa así, o voy a mentir poniendo en riesgo mi familia, la vida de mi familia? Ustedes saben lo que significa esto, analicen por favor”, insistió.
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“Sucedió en mi despacho. Plantearon directamente la entrega de US$ 1 millón para retirarse definitivamente hasta el fin del periodo de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Dijeron que iban a hablar con otros gremios de campesinos y otros que estaban haciendo cortes de ruta para que no se produzca más eso hasta el fin del mandato”, alegó.
“Yo les dije que era imposible, y ahí es cuando se produjo la negociación, en cuanto no al monto, sino a mi posición de que eso era inadmisible y si ellos entendían realmente lo que estaban planteando. Me dijeron que sí, que ellos se merecían eso. Luego redujeron a US$ 500 mil, les volví a decir que era imposible y dejaron en US$ 300 mil, supuestamente, y me dijeron que transmita eso al Presidente de la República, cosa que hice minutos después y el Presidente me dijo que es inaceptable, que teníamos que hacer una denuncia porque eso era una extorsión”, afirmó.
Por otro lado, hoy, el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás resolvió ratificar la prisión preventiva para los camioneros imputados por extorsión: Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde están privados de libertad desde el pasado 13 de abril.