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El imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, informó el 19 de abril último a la Junta Departamental su ausencia desde el 18 abril hasta el 5 de mayo de 2022. Esto, de conformidad al Art. 13 Inc. A de la ley Nº 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental”, según la Nota 147/2022.
El documento llegó luego de que el exanimador se viera acorralado por la serie de impedimentos para continuar ejerciendo su cargo debido al arresto domiciliario ordenado el 12 de abril pasado por la jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete. La magistrada igualmente rechazó su pedido especial para ir a trabajar de 07:00 a 15:00 en su despacho.
Según el gobernador su ausencia sería por un periodo de 14 días hábiles. Sin embargo, los concejales departamentales rechazaron la comunicación al considerarla improcedente debido a que su inasistencia es indefinida atendiendo su arresto domiciliario, de acuerdo a los detalles.
Los datos indican que el jefe departamental en su persistente intento por no dejar el cargo comunicó su ausencia utilizando el límite establecido en el inciso A del Art. 13. Sin embargo, acá debía solicitar permiso con antelación tal como establece el inciso B de ese articulado al mencionar más de quince días de ausencia o lo más sano para los centralinos es que renuncie, expresó el concejal liberal Adrián Billy Vaesken.
González en ninguna parte de su nota informó a la Junta el motivo de su ausencia, cual es el arresto. Es decir, el exanimador pretendería utilizar alguna artimaña para continuar en el cargo comunicando nada más su ausencia, agregó el edil.
Con la comunicación de ausencia igualmente asume como encargado de despacho el actual presidente de la Junta Departamental, el liberal dionisista Mario Aguilera. Sin embargo, su función se reduce a la representación porque no podrá tomar decisiones administrativas como tampoco firmar cheques.
Otro intento
Vaesken indicó que ayer un grupo de ediles presentó un nuevo pedido para intervenir la gestión de Hugo Javier. La propuesta fue girada a comisión y para este lunes está previsto su estudio en sesión extraordinaria, detalló.
El objetivo es volver a enviar la solicitud a la Cámara de Diputados. Un primer intento en ese estamento para fiscalizar la gestión del locutor no prosperó el 15 de diciembre pasado.
Un total de 42 legisladores de la Cámara Baja, entre cartistas y abdistas, rechazó la intervención, pese al rosario de anomalías detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público en el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo covid.
Una mayoría coyuntural
El rechazo de la comunicación de ausencia del imputado gobernador Hugo Javier se consiguió gracias a la actual mayoría coyuntural dentro de la Junta Departamental. Este grupo está integrado por los liberales y colorados velazquistas, que también ahora acompañan el pedido de intervención de la gestión del exanimador. Los ediles del sector cartista, en su intento por seguir defendiendo a González, colocaron carteles por sus bancas con la leyenda: “No hay mandato imperativo”.
Gravedad de hechos y fuga
El arresto domiciliario del gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, es en el marco de la investigación del Ministerio Público por el presunto mal uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) de los fondos de reactivación económica por el covid. El jefe departamental, junto a otras 14 personas, está imputado por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Entre los procesados están el director general de administración y finanzas de la gobernación, Javier Marcelo Rojas; la secretaria general, Lourdes Lezcano; el secretario de obras públicas, Armando Adolfo Soler; el asesor jurídico general, Édgar José Zaracho, y la funcionaria de la Dirección General de Administración y Finanzas, Modesta Valiente.
La jueza María Elena Cañete ordenó el arresto debido a la gravedad de los hechos investigados por la fiscalía y el inminente peligro de fuga, según la resolución judicial.