Piden una ley que garantice como un derecho humano el servicio eléctrico y elimine “privilegios”

Un proyecto de ley que garantice la energía eléctrica como un derecho humano, amplíe la cobertura de la tarifa social y elimine los privilegios de la criptominería y de las plantas de hidrógeno presentarán el próximo martes, 26 de abril, tres organizaciones sociales y políticas al Poder Legislativo.

Un tramo de la Línea de Transmisión  500 / 220 kV,  que conectará la Subestación de la Margen Derecha de Itaipú con la subestación Yguazú y mejorar la infraestructura eléctrica paraguaya para utilizar su energía en Itaipú, la parte que actualmente cede a Eletrobras.
Un tramo de la Línea de Transmisión 500 / 220 kV, que conectará la Subestación de la Margen Derecha de Itaipú con la subestación Yguazú y mejorar la infraestructura eléctrica paraguaya para utilizar su energía en Itaipú, la parte que actualmente cede a Eletrobras.

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Las organizaciones proyectistas son el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae), las campañas Itaipú 2023 Causa Nacional e Itaipú también es soberanía del Partido Paraguay Pyahyra.

Explican los responsables que la fecha, 26 de abril, fue elegida para entregar el proyecto porque en esa fecha, hace 49 años, las dictaduras de los generales Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazu Médici, firmaron en Brasilia el Tratado de Itaipú.

Acerca del primer objetivo del proyecto de ley, señalan que si fuera sancionado y promulgado, “quedaría garantizado el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para toda la población, con tarifas 90% más baratas para los sectores de menores recursos económicos y de menores consumos de energía eléctrica (hasta 150 kWh/mes), y con descuentos entre 70% y 15% desde 151 a 1.500 kWh/mes, con los que se beneficiarían los sectores de menores y medios recursos, con tarifas más accesibles y con un criterio de mayor eficiencia energética”.

Que lleguen a las Mipymes

Agregan sobre este punto que “la propuesta del anteproyecto es, además, que las menores tarifas sean no sólo para las familias, sino que lleguen también a pequeñas y medianas industrias, comercios, servicios, juntas de saneamiento de agua potable, huertas y para la pequeña producción agropecuaria, hasta 1.500 kWh/mes, con lo que se favorecerá a la mayoría de las Mipymes con una energía más competitiva, estimulándose así la mayor generación de empleos y un acceso más económico al agua potable”.

Los voceros de las organizaciones de referencia se anticipan a posibles cuestionamientos, relacionados por ejemplo a la financiación de esas medidas y señalan que “... es a partir de la eliminación de los mal denominados ‘gastos de responsabilidad socioambiental’ de las binacionales, que generalmente no tienen nada de social ni de ambiental, así como a través de la creación del impuesto a los altos salarios, superiores a los del Presidente de la República, y la eliminación de otros gastos supérfluos, como viajes, viáticos y transferencias a entes privados por parte de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, con lo que mejorará la calidad del gasto público, redistribuyéndose la riqueza y estimulándose la generación del empleo en las Mipymes.

Agregan que el anteproyecto prevé igualmente que, en forma complementaria, se utilicen recursos de la renta eléctrica o los ingresos adicionales que tendrá ANDE al reducirse la tarifa de Itaipú.

Que elimine privilegios

Finalmente, acerca de la “eliminación de privilegios” que pide el proyecto de ley, especifican que se busca eliminar la sangría que afecta al presupuesto público “debido al privilegio tarifario a favor de la criptominería, así como el riesgo de masivos subsidios a las plantas de hidrógeno, mal llamadas “verdes”, que beneficiaría apenas a cuatro transnacionales, que ya firmaron “Memorandos de Entendimiento con la ANDE”, que contratarían 1.260 MW, el 20% de la potencia paraguaya contratable de Itaipú, y que podría significar más de mil millones de dólares de subsidio anual (pérdidas para el Fisco), como se demuestra en el anteproyecto de ley.

“Si se va a subsidiar a alguien, debe ser al 90% de los usuarios de menores recursos, y no a unos pocos privilegiados”, enfatizan las organizaciones proyectistas.

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