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El juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás resolvió cerca del mediodía ratificar la prisión preventiva para los camioneros imputados por extorsión: Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde están privados de libertad desde el pasado 13 de abril.
La decisión fue informada luego de que haya culminado la audiencia de revisión de medidas que fue solicitada por la abogada defensora de los trabajadores del volante, Miryan Fernández. En su petitorio, la auxiliar de justicia pidió que se les otorgue una medida menos gravosa a los procesados, teniendo en cuenta que los mismos tienen arraigo familiar y laboral en nuestro país, por lo que consideró que no existe peligro de fuga.
Fernández adelantó que apelará la resolución dictada por el juez Agustín Delmás.
En contrapartida, el Ministerio Público se opuso a que los procesados puedan ser beneficiados con la libertad ambulatoria o incluso con el arresto domiciliario, medidas alternativas a que fueron planteadas por la defensora para el levantamiento de la prisión preventiva.
Finalmente, Delmás ratificó la prisión preventiva y, en consecuencia, argumentó que “los cinco camioneros están procesados por la presunta comisión de un hecho punible, ya que independiente a la conducta, los mismos fueron descubiertos en flagrancia”. Agregó que “existe peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación, atendiendo a que son líderes del gremio de camioneros”.
Deberán pasar a Tacumbú
Los procesados Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, desde el 14 de abril pasado, cumplen la medida de prisión preventiva en la Agrupación Especializada por orden del juez penal de garantías Humberto Otazú, quien inicialmente atendió el caso. Sin embargo, la causa fue nuevamente sorteada y quedó a cargo del juez Agustín Delmás.
Los cinco trabajadores del volante, una vez transcurridos los 10 días de privación de libertad en el cuartel policial -que se cumplen mañana-, deberán pasar a cumplir su medida en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que ya se encuentra habilitada para recibir a más personas, según afirmó el ministro Édgar Olmedo a ABC Cardinal.
El titular de la cartera de Estado señaló que para los citados procesados van a prever un espacio de acuerdo con su perfil, asegurando que iban a ser destinados a un pabellón adecuado para ellos.
Defensa presume manipulación de pruebas
El lunes pasado, el fiscal Francisco Cabrera manifestó con relación a las pruebas que “el siguiente paso sería básicamente corroborar de forma externa todo lo que se pudo evidenciar en la reunión, entonces se harán cruces de llamadas, extracciones de mensajes del WhatsApp de los teléfonos y, con relación al video, seguramente vamos a mandar al Laboratorio Forense para que haga una limpieza de ese ruido de ambiente que tiene”.
La abogada Miryan Fernández señaló que “crea muchísimas dudas lo dicho por el fiscal”.
En otro momento, habló de que “resulta que proceden las autorizaciones judiciales para las pregrabaciones, filmaciones, pero así como solicitaron, ellos tenían que entregar esos elementos en bruto, sin modificar, al juez. A mí me hace presumir que es una prueba manipulada”.
Tres encuentros con el ministro del Interior
La imputación N° 3 formulada por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron en dos ocasiones con el ministro del Interior, Federico González, una el 11 de abril a las 11:00, en la planta principal de Petropar, ocasión en que le exigieron supuestamente el pago de la suma de US$ 1.000.000 para que no se registren cortes de ruta.
Ante la negativa de pagar dicha suma por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, cuando celebraron otra reunión, pero ya en sede del Ministerio del Interior. En esta oportunidad también recibieron una negativa de parte del secretario de Estado, quien les había manifestado que eso era imposible.
Ya el 13 de abril, solo Ángel Zaracho se movilizó hasta la sede ministerial para buscar los US$ 50.000 que le fueron entregados y con los que cayó detenido mientras bajaba por las escaleras para dirigirse a la calle. Dichos billetes de la moneda norteamericana fueron entregados en un operativo fiscal, luego de ser fotocopiados y registrados bajo autorización judicial de Humberto Otazú.