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La Junta Departamental de Central rechazó ayer, jueves, el pedido de permiso de 15 días solicitado por el gobernador cartista Hugo Javier González, quien no puede acudir a la sede de la Gobernación por estar bajo arresto domiciliario tras una causa abierta por presunta malversación de fondos y otros delitos.
El concejal departamental Adrián Billy Vaesken (PLRA) sostuvo esta mañana a ABC Cardinal que, con el rechazo del pedido de permiso, Hugo Javier debería presentarse este viernes en la Gobernación para cumplir sus funciones. Sin embargo, indicó que por el impedimento penal del arresto domiciliario el cartista no podrá asistir.
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Vaesken señaló que la institución departamental se encuentra actualmente en riesgo de un “colapso administrativo” ante esta situación y por la falta de cooperación del sector cartista. Aclaró que el presidente de la Junta, Mario Aguilera, solo asume como encargado de despacho y no como gobernador interino. “La ley es clara: el único responsable administrativo es el gobernador. El encargado de despacho no tiene ese atribución”, declaró.
Agregó que la “acefalía” en Central podría derivar en la falta de pago salarial a funcionarios y, además, perjudicaría el desembolso de fondos a las instituciones educativas que dependen de la Gobernación.
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Falta “madurez política” en Junta de Central
El concejal liberal, igualmente, comentó que la Junta, ante la evidente falta de un gobernador, ya podría convocar a sesión para elegir a un administrador departamental interino. “Por impedimento, debe ser reemplazado por un concejal departamental que reúna la mayoría de 11 colegas y tenga las atribuciones y competencias de un gobernador”, declaró.
No obstante, indicó que los concejales de Central no tienen la “madurez política” para elegir a un gobernador interino.
Insistirán en intervención
En ese sentido, Vaesken indicó que impulsarán el próximo lunes un nuevo pedido de intervención de la Gobernación de Central a fin de que la Cámara de Diputados pueda “tomar el toro por las astas” y ordenar administrativamente la institución departamental.
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El gobernador colorado cartista está imputado por supuestos hechos de corrupción en la ejecución de US$ 1 millón que fueron otorgados a la Gobernación de Central por el Ejecutivo en 2020 para la realización de obras de infraestructura que generen puestos de trabajo en el marco de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19.